El World Justice Project publicó la edición 2026 de su Índice de Estado de Derecho, que evaluó a 143 países y jurisdicciones. En ese relevamiento, Argentina obtuvo una puntuación de 0,54 y cayó menos de 1% respecto del año anterior, quedando en el puesto 64 a nivel mundial.

El informe advierte que la erosión del estado de derecho persiste a nivel global. En la última medición, el 62% de los países analizados mostraron retrocesos, y la situación incluye restricciones a libertades civiles, dificultades para controlar el ejercicio del poder y una mayor injerencia de los gobiernos en instituciones.

En América Latina y el Caribe, Argentina ocupó el lugar 13 de 32. Urug uay lidera la región, ubicado en la posición 22 a escala global, seguido por Costa Rica y Barbados. En el extremo opuesto figuran Nicaragua, Haití y Venezuela, este último último en la clasificación mundial.

La región mostró señales mixtas de desempeño. En el último año, 19 de los 32 países registraron retrocesos, y 13 ya habían empeorado respecto de la medición anterior. A la vez, la región concentró la mitad de los diez mayores avances globales entre 2025 y 2026, destacando Brasil, que acumuló la segunda mayor mejora global en tres años: +3,17%.

Desglosado por dimensiones, Argentina exhibe resultados desiguales. El mejor rendimiento se dio en gobierno abierto, donde alcanzó el puesto 34 a nivel mundial, fue el cuarto en la región y el primero entre países de ingresos medios-altos. También obtuvo puntuaciones relativamente favorables en derechos fundamentales (41° global; 9° regional). En justicia civil figura en el 61° lugar mundial y el 13° en la región, mientras que en controles al poder gubernamental se ubicó 65°.

Las mayores debilidades se concentran en las áreas de orden y seguridad (119° global; 26° regional) y en justicia penal (94°), además de una puntación de 75 en ausencia de corrupción.

El índice también reflejó retrocesos en tres dimensiones vinculadas al espacio cívico: libertad de opinión y expresión, libertad de reunión y asociación, y participación cívica. A nivel global, esos indicadores registraron caídas en el 64%, 67% y 65% de los países evaluados, respectivamente.

El informe advierte que el autoritarismo dejó de ser una tendencia aislada para convertirse en un fenómeno consolidado, con más del 86% de los países mostrando deterioro sostenido durante cinco años en al menos una de las salvaguardas institucionales.