El bloque oficialista se encamina esta noche a convertir en ley una iniciativa destinada a ordenar la atención de las personas con discapacidad y las compensaciones a proveedores médicos, en un intento por desactivar un frente político sensible para el gobierno de Javier Milei.

Tras una serie de gestiones de último minuto que se prolongaron durante la sesión, el oficialismo consiguió sumar no solo a sus aliados habituales, sino también a Provincias Unidas y al peronismo.

Con la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado al frente de las negociaciones y bajo la coordinación del presidente de la Cámara, Martín Menem, se hizo circular desde temprano el borrador del dictamen, al que se fueron incorporando numerosos ajustes a lo largo de la megasesión de este miércoles.

En un giro notable, Machado, acompañada por la también libertaria Gisela Castelnuovo, entabló diálogo con representantes de UP, entre ellos Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, quienes dejaron entrever la voluntad de respaldar el dictamen si se aceptaban ciertas modificaciones.

La bancada que lidera Germán Martínez se enfrentó a decidir si acompañar o no una propuesta que, en la práctica, recoge reclamos del colectivo de discapacidad, que este jueves expresó su aval a la propuesta oficialista.

Hasta ese momento, el sector contemplaba la opción de prorrogar la emergencia en discapacidad, respaldada por UP, Provincias Unidas, Coalición Cívica y la izquierda.

Entre los cambios más destacados, el texto establece por ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad—credenciales como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), una evaluación socioeconómica y un tope de ingresos por debajo de dos salarios mínimos.

El proyecto mantiene vigente la Ley 26.816 sobre empleo protegido para personas con discapacidad y refuerza la cobertura presupuestaria. Si las partidas del Ministerio de Salud resultaran insuficientes, se habilitaría la utilización de fondos del Tesoro, y se garantiza que los recursos por beneficiario mantengan su valor frente a la inflación.

Un tema central es la deuda con los prestadores. Para regularizar pagos, el Ejecutivo tendrá 30 días desde la sanción para presentar un cronograma y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes, que ascienden a unos $278.323 millones, según lo reclamado por Pro.

En lo referido a las pensiones por invalidez, la iniciativa garantiza a sus beneficiarios acceso a las prestaciones médicas básicas a través de Incluir Salud y mantiene la actualización mensual del nomenclador con la inflación.