Desde que asumió Milei, la comunidad universitaria del país acumuló cinco marchas federales, todas con gran convocatoria. La más multitudinaria tuvo lugar hace pocos días y reunió a más de un millón de personas; estuvo marcada por un operativo aún más contundente de las fuerzas de seguridad. El reclamo central es claro: que el gobierno cumpla con la Ley de financiamiento, norma que garantiza la continuidad de la educación superior pública en Argentina. A un año de su promulgación, el Ejecutivo insiste en complicar un trámite que debería ser directo, y transformar un deber simple —pagar lo que corresponde— en una tramitación compleja y áspera. En este informe de Página/12, dialogan rectores, gremialistas, referentes estudiantiles y el abogado que representa al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y que conoce de cerca la judicialización de la Ley.

La normativa fue aprobada y revalidada en el Congreso, consiguió superar un veto presidencial con mayoría calificada y, además, obtuvo respaldo de la Justicia en todas las instancias. En términos prácticos, establece un incremento salarial del 33 por ciento para los trabajadores universitarios, un aumento del 100 por ciento en las becas estudiantiles y la garantía de los gastos de funcionamiento. Aun así, el gobierno opta por no cumplir con la norma y, en la práctica, parece que la situación se mantiene, aun cuando se vaya transformando con el tiempo.

La discusión no es meramente presupuestaria: atraviesa la manera en que se financia y sostiene el sistema público de educación superior ante un escenario político incierto. Las voces de rectores y representantes docentes subrayan que la estabilidad presupuestaria es clave para sostener investigación, extensión y formación, mientras los dirigentes estudiantiles advierten sobre los efectos directos en las oportunidades de los estudiantes. En el CIN esperan una resolución que haga efectivas las obligaciones legales, evitando nuevas dilaciones y riesgos de judicialización. En este marco, el conflicto entre la letra de la ley y su implementación continúa siendo el eje de un aniversario que, para la comunidad educativa, no deja de interpelar al Estado y sus prioridades.