La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a un proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Jorge (bloque Todos por Salta) que busca combinar medidas de prevención con mecanismos de coerción para reducir las reacciones violentas de adultos en eventos deportivos infantiles.

El debate fue intenso y dejó cruces entre quienes defendían la iniciativa y quienes cuestionaban su alcance. El legislador informante explicó que la motivación nace del incremento de episodios de violencia en eventos dirigidos a menores y sostuvo que la prevención por sí sola no alcanza, por lo que se contemplan sanciones en línea con el Código de Contravenciones.

Adrián Valenzuela, también integrante del bloque oficialista, recordó hechos recientes para respaldar la propuesta. El 18 de octubre, en el barrio San Benito de la ciudad de Salta, simpatizantes de dos equipos se enfrentaron con armas de fuego y piedras, dejando personas heridas. Días antes, en Campo Quijano, durante un clásico de divisiones inferiores entre Unión Huaytiquina y Atlético Social Boroquímica (categoría jóvenes de 14 años), el aliento violento de una madre desencadenó la intervención del director técnico y una confrontación entre padres, madres y otros adultos, mientras los adolescentes intentaban mantener la calma.

El artículo primero del proyecto señala que su objetivo es desalentar situaciones de violencia durante el desarrollo de actividades deportivas y culturales infantiles o juveniles, promoviendo entornos seguros y respetuosos. El artículo segundo establece que la ley es aplicable a toda actividad deportiva o cultural infantil o juvenil en el territorio provincial, tanto en espacios públicos como privados, e incluye competencias, entrenamientos, encuentros recreativos y eventos vinculados.

La iniciativa se sustenta en principios como el interés superior de niñas, niños y adolescentes; la prevención de la violencia; la responsabilidad de las personas adultas que organizan o acompañan esas actividades; la promoción de valores educativos, deportivos y culturales; y la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas.

En cuanto a las acciones de prevención, se propone realizar campañas de concientización y difundir pautas de convivencia dirigidas a familias, entrenadores y organizadores, junto con recomendaciones para organizar eventos de forma segura, priorizando recursos existentes. También se prevén capacitaciones para entrenadores, docentes, formadores, dirigentes, árbitros y otros actores, orientadas a la prevención de conflictos, la resolución pacífica, el manejo de situaciones de violencia y la promoción del respeto en contextos formativos.

Para llevar a cabo estas medidas, el texto contempla la creación o designación de una autoridad de aplicación. Tras la media sanción, la iniciativa quedó en manos del Senado para su tratamiento.