La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó su reclamo hasta la Quinta de Olivos para expresar su rechazo al decreto de retiros voluntarios que afectaría a más de 20.000 empleados de la Administración Pública, mientras el presidente Javier Milei se encuentra fuera del país, en España, sin una agenda oficial divulgada.

Según informó la agencia, Rodolfo Aguiar, titular del gremio, denunció que la Policía Federal persiguió a la prensa de ATE justo antes de la llegada de los manifestantes a la residencia presidencial. A través de sus redes, afirmó que se vive en un “estado de excepción” en el país y sostuvo que la protesta busca visibilizar el costo social del programa.

La concentración arrancó en la avenida Maipú 2718, en Vicente López, y desde allí los manifestantes se dirigieron hacia la Quinta de Olivos, a las 17:00, para manifestarse contra el plan de retiros voluntarios y contra el crédito de 300 millones de dólares solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiarlo.

Aguiar advirtió que no debería haber ningún empleado público que se adhiera a ese programa, calificándolo como un “negocio multimillonario”. Aseguró que, si se firma, se perderán derechos obtenidos a lo largo de los años y se favorecería que consultoras vinculadas a Federico Sturzenegger y Santiago Caputo sigan llenándose de dinero.

El plan está formalizado por el decreto 1203/26, y entre sus medidas figura que quienes participen no podrán reingresar a la Administración Nacional durante un periodo total de ocho años.

Sobre la decisión de movilizarse en un día en que Milei no está en la Casa Rosada, Aguiar señaló que “no van a la Casa Rosada y ahora tampoco a Olivos” porque el Presidente se fue a España sin una agenda oficial. “Con nuestra protesta estábamos financiando turismo internacional del Poder Ejecutivo”, añadió.

Entre los reclamos, el gremio también reclamó por la pérdida del poder adquisitivo, la caída del salario real, paritarias por debajo de la inflación, el deterioro de ingresos, el pluriempleo y endeudamiento, la desvalorización de la carrera estatal, decenas de despidos y la no renovación de contratos, la incertidumbre laboral, la reducción de puestos de planta y el cierre y vaciamiento de organismos públicos.

Concluyó advirtiendo que el sector público está siendo empujado fuera del Estado por “migajas” y que la actual gestión impulsaría la privatización de más del 90% de la Administración Pública.