El texto conocido como Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad ya ingresó a la Cámara alta, después de que el presidente de Diputados, Martín Menem, rubricara la versión aprobada y lo enviara al Senado. A partir de ahora corresponde a la vicepresidenta Victoria Villarruel o al presidente provisional Bartolomé Abdala decidir a qué comisiones se remite para empezar a tratarlo.

Aunque aún no están definidos formalmente los traslados, podrían intervenir las comisiones de Presupuesto y Hacienda, liderada por Agustín Monteverde de La Libertad Avanza, y de Población y Desarrollo Humano, a cargo de Alicia Kirchner. En lo inmediato, el oficialismo debe delinear su estrategia. Según pudo saber este medio, La Libertad Avanza pretende que la iniciativa se trate en el actual periodo ordinario de sesiones, que vence el 30 de noviembre; las definiciones iniciales podrían verse la próxima semana. Por el momento, Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, no hizo declaraciones públicas al respecto.

En el Senado se recuerda la polémica suscitada por el proyecto de Presupuesto 2027 cuando ingresó a Diputados el 15 de septiembre. Los diputados libertarios expresaron sorpresa y cuestionaron al ministro de Economía, Luis Caputo, por cambios propuestos sobre pensiones por invalidez, por la actualización automática de aranceles para prestadores conforme a la inflación y por las incompatibilidades con el empleo formal.

Los artículos 36 a 41 del proyecto presupuestario modifican pilares centrales de la Ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque no la derogan en su totalidad.

En ese marco, Bullrich advirtió sobre el impacto político de esas disposiciones y la posibilidad de que la oposición se unifique detrás de una propuesta alternativa. Finalmente, Diputados aprobó el proyecto este miércoles con una amplia mayoría: 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.

Tras la votación, el diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) afirmó que las políticas de discapacidad deben trascender gobiernos y que la discapacidad es un derecho humano reconocido en la Constitución y en tratados internacionales.

La Cámara baja sancionó la iniciativa a medianoche, tras un proceso que dejó en claro un amplio consenso entre bloques, luego de que el oficialismo pasara de oponerse a la declaración de emergencia en discapacidad a participar en una propuesta alternativa.

Entre los votos negativos figuran los seis diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora; en el Senado ese sector está representado por Alejandra Vigo. También se mencionan Andrea Estévez (Unión por la Patria) y Lourdes Arrieta (Pro Provincias) entre las voces disconformes.