Integrantes de la comisión que revisa actuaciones administrativas en La Pampa aseguraron que la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia obstaculizó las entrevistas previstas para avanzar en la revisión de esas actuaciones. La denuncia quedó plasmada luego de una jornada en la que no se produjeron declaraciones ante el cuerpo y, por ello, se elevó un escrito al gobernador Sergio Ziliotto.
El episodio ocurrió el martes 20 de octubre, cuando el subsecretario Juan Pablo Bonino ingresó a la Legislatura acompañado por funcionarios de su cartera. El enfrentamiento abarcó tanto la presencia de los equipos técnicos como el formato de las entrevistas, que las legisladoras habían previsto realizar de forma individual, mientras desde el área insistieron en una convocatoria conjunta. Además, señalaron que los profesionales citados no se presentaron por una decisión basada en el secreto profesional.
Desde el Gobierno nacional se presentó una lectura distinta: sostuvo que la convocatoria era conjunta y que los técnicos, empleados públicos, no pueden ser interpelados como si fueran ministros. También insistieron en la confidencialidad de sus intervenciones y en la existencia de actuaciones bajo control judicial.
Bonino afirmó que los responsables políticos y jerárquicos deben responder por el trabajo del área, recordó que ya se remitió un informe escrito y respaldó la actuación de los profesionales. La versión oficial descartó que la negativa a presentar a los equipos en esas condiciones constituyera una obstrucción.
El objetivo de la comisión es revisar procedimientos administrativos vinculados con el retiro de un bebé de una familia de contención en Rancul, para entregarlo a otra familia y así iniciar un proceso de adopción. El grupo está integrado por Sandra Fonseca, María Silvia Larreta, Gisela Cuadrado y Noelia Viara.
La investigación parlamentaria se distingue de la vía penal. Un dictamen de la fiscal adjunta Anabella Libertad Kletzel, difundido el 20 de octubre, señaló que no se acreditan elementos que configuren delitos, y limitó su intervención a posibles ilícitos, sin revisar el mérito de las decisiones civiles sobre protección y adopción.
Tras el desacuerdo, las diputadas acudieron al Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos para plantear la situación ante Diego Álvarez; no fueron atendidas por su ausencia. En la continuidad, formalizaron el reclamo dirigido a Ziliotto.
