La ejecución de la condena por corrupción en la causa Vialidad, que implica la confiscación de unos US$645 millones para cubrir lo adeudado por Cristina Kirchner y sus hijos junto al resto de los condenados, permanece a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, desde hace cuatro meses.
El 28 de mayo pasado, la Cámara Federal de Casación rechazó el recurso extraordinario interpuesto por Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner para impedir el remate de sus bienes. Ante esa situación, los abogados presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema, que aún no tiene una resolución.
Si la Corte Suprema desestima ese recurso, quedaría habilitada la ejecución patrimonial y el remate, ya virtual, de los 111 inmuebles que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían propuesto rematar en el marco de la causa Vialidad.
Paralelamente, existe un segundo requerimiento fiscal para avanzar con el decomiso de otros 141 bienes inmuebles, 46 automóviles y más de US$5,6 millones en efectivo que pertenecerían a Florencia Kirchner y que estaban secuestrados en su caja de seguridad del Banco Galicia.
Las defensas de Cristina Kirchner y de sus hijos negaron que el decomiso deba alcanzar bienes de los hijos del matrimonio presidencial, pues no forman parte de los condenados. Sin embargo, tanto el Tribunal Oral Federal 2 como la Cámara Federal de Casación —en una votación con mayoría— rechazaron ese planteo, al sostener que los fondos formaban parte del objeto del delito, aunque hubieran sido heredados posteriormente por los hijos de Néstor y Cristina Kirchner. Ese fallo fue el que se cuestionó ante la Corte Suprema de Justicia.
El TOF 2 no puede ejecutar el decomiso de los 111 inmuebles hasta que la Corte Suprema resuelva los recursos de queja de las defensas, pendientes desde fines de mayo, cuando la Sala IV de Casación desestimó los recursos extraordinarios de Cristina Kirchner y de sus hijos, según fuentes judiciales consultadas por LA NACION.
Hasta ahora, los acusados han logrado demorar la ejecución. El 18 de noviembre de 2025, el Tribunal Oral Federal 2 ordenó decomisar 111 inmuebles de los condenados: 84 de Lázaro Báez, uno de Cristina Kirchner, 19 que Máximo y Florencia Kirchner recibieron a título gratuito y el resto perteneciente a Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.
La Cámara Federal de Casación confirmó esa decisión y luego declaró inadmisible el recurso extraordinario. Las defensas presentaron quejas ante la Corte. El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, planteó como primera cuestión federal una violación al derecho de propiedad y al principio de legalidad. Báez y los hijos también habían recurrido.
La sentencia no fue unánime: la mayoría integrada por Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña autorizó el decomiso, con la disidencia parcial de Mariano Borinsky, quien sostuvo que debía habilitarse parcialmente la revisión para ciertos inmuebles adquiridos antes de 2004. Ese voto de Borinsky aparece como el principal argumento con el que la defensa intenta sustentar su impugnación.
