Los docentes de las universidades nacionales resolvieron iniciar una huelga de hasta 72 horas para el miércoles 30 de septiembre, en reclamo de la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial. La medida fue adoptada este viernes por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) durante un plenario y se buscará coordinar con CONADU Histórica.
La agrupación aclaró que la huelga podría flexibilizarse si el Gobierno satisface, antes del martes 29, la demanda de un aumento salarial del 33,4% prevista en la mencionada ley. En tanto, desde el Ejecutivo se ofreció un incremento del 3% en la última paritaria, propuesta que fue rechazaba por el gremio y que desembocó en la convocatoria para la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el 15 de octubre.
Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, afirmó que la finalidad de la medida es fortalecer la organización colectiva ante un contexto descrito por la dirigencia como de fragmentación e individualismo promovido desde el Gobierno de Javier Milei.
Según los docentes, sigue pendiente una actualización salarial cercana al 30%.
Como informó TN, el Gobierno adelantó que apelará la resolución judicial que le dio un plazo de cinco días para cumplir en su totalidad con la cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación está prevista ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
La apelación apunta contra la intimación dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, quien sostuvo que no existe cumplimiento total y advirtió posibles multas por cada día de demora si no se respeta el plazo.
Desde la Casa Rosada sostienen que ya se habría dado cumplimiento y que así lo comunicaron y acreditaron ante la Justicia; ese argumento será central en la presentación contra la resolución cuestionada.
Cabe señalar que la apelación no reabre la cautelar original, la cual ya está firme. Fue dictada en diciembre de 2025 y ordena la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición salarial de docentes y no docentes y con la actualización de los programas de becas estudiantiles.
