El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional ingresará a la Cámara de Diputados para empezar a ser discutido el próximo miércoles, en una sesión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, que comenzará a las 12. La iniciativa fue anunciada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, y, según el plan trazado, la primera reunión será informativa: habrá expositores invitados, pero no se emitirán dictámenes en esa oportunidad.
Las tres comisiones encargadas de analizar la iniciativa están conducidas por figuras del bloque La Libertad Avanza: Carlos Zapata (Defensa Nacional), Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal) y Juliana Santillán (Relaciones Exteriores y Culto).
El oficialismo anticipa una segunda convocatoria para el martes 6 de octubre, con la finalidad de cerrar el debate, suscribir los dictámenes correspondientes y habilitar el tratamiento en el recinto para el miércoles 7, en una sesión especial que solicitará Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.
El proyecto ingresó al recinto el 17 de septiembre. El Gobierno lo presentó como “un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur” y como un avance legal sin precedentes para Argentina. La propuesta sostiene que esas islas, junto a sus espacios marítimos e insulares, forman parte del territorio nacional y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
Entre sus fundamentos figura la intención de castigar a quienes explotan recursos naturales de forma ilegítima, generar incentivos para que cesen esas prácticas y dotar al Estado de herramientas para protegerse ante posibles amenazas externas. Un eje central es la derogación de la Ley 26.659, con la ampliación del régimen sancionatorio hacia otros recursos naturales, renovables y no renovables, explotados sin autorización de la República Argentina.
En cuanto a sanciones, el texto contempla penas de entre cinco y siete años de prisión, multas que oscilan entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo y una inhabilitación especial para quienes, a sabiendas, provean bienes o servicios a sujetos alcanzados por la norma.
La iniciativa prevé además efectos mucho más amplios que los de la normativa vigente: quienes sean sancionados podrían no poder desarrollar actividades económicas en el país, perder exenciones impositivas o previsionales, ver revocadas habilitaciones y verse obligados a rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en Argentina. Asimismo, quedarían impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y cualquier persona o empresa radicada en el país.
