La ciudad de Buenos Aires desplegó durante la noche del jueves un megaoperativo de seguridad bautizado como Tormenta Negra, con la participación de unos 1500 policías en quince asentamientos informales de la ciudad. En la operación se registraron 17 detenciones, el secuestro de vehículos y la clausura de locales, además de la incautación de mercaderías que en muchos casos representa una fuente de empleo para los vecinos.
El gobierno de Jorge Macri explicó que la iniciativa se llevó a cabo en las villas 31, 21-24, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, 15 (Ciudad Oculta), 20 (Villa Lugano), INTA, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima. El objetivo declarado fue reforzar la seguridad y avanzar en el ordenamiento del uso del espacio público.
En el ámbito eclesial, el despliegue generó inquietud porque ocurrió dos días después de la misa que los curas villeros celebraron en Plaza Constitución, en solidaridad con víctimas de la trata y otras formas de exclusión. El obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Pedro Cannavó, en representación del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva, encabezó ese acto y llamó a la reivindicación del trabajo digno, además de pedir acompañar a los vecinos para que puedan "ponerse de pie".
Durante la ceremonia se leyó un pronunciamiento conjunto de los sacerdotes de villas y barrios populares de la ciudad, en el que expresaron su preocupación por las necesidades y realidades de los asentamientos informales. El texto subrayó que, si bien los vecinos quieren cumplir la ley y mantener el orden, el Estado debe hacerse cargo de la situación histórica que atraviesan. Según los sacerdotes, muchas villas carecen de una normativa clara de integración sociourbana, lo que genera particularidades en el uso del espacio público, la economía popular e informal, el endeudamiento de las familias, la precarización laboral y la falta de empleo y de vivienda adecuada.
Entre las conclusiones, señalaron que para avanzar en la mejora de la ley y el orden debe haber una mejor comunicación con los residentes. Resaltaron que los barrios cuentan con centros de salud, escuelas, comedores, capillas y otras organizaciones que pueden fortalecer la participación comunitaria. También advirtieron que persisten deudas de obras públicas, como construcción de viviendas, mejoras en tendido eléctrico, cloacas y drenaje pluvial.
