El Poder Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que fue anunciada por el presidente Javier Milei durante una cadena nacional. La iniciativa será analizada principalmente por las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
Este viernes, el presidente de la Cámara, Martín Menem, informó el cronograma para el tratamiento del proyecto. La primera reunión será informativa, con expositores invitados, pero sin dictámenes que se firmen ese día.
Las tres comisiones encargadas del tema están conducidas por legisladores libertarios: Carlos Zapata (Defensa Nacional), Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal) y Juliana Santillán (Relaciones Exteriores y Culto).
El oficialismo anticipa una segunda convocatoria para el martes 6 de octubre, con la finalidad de cerrar el debate, aprobar los dictámenes y habilitar el tratamiento en el recinto para el miércoles 7, en una sesión especial que solicitará Gabriel Bornoroni, jefe del bloque La Libertad Avanza en Diputados.
La iniciativa ingresó a Diputados el 17 de septiembre. El Gobierno la presenta como “un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y un avance legal sin precedentes” para el país.
Entre sus fundamentos, el texto ratifica que Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, forman parte del territorio argentino y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
La propuesta también apunta a sancionar a quienes exploten recursos naturales de forma ilegítima, generar incentivos para que cesen esas conductas y dotar al Estado de herramientas necesarias para defenderse ante amenazas externas.
Uno de los cambios centrales es la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del régimen sancionatorio a otros recursos naturales, renovables y no renovables, que se exploten sin autorización de la República Argentina.
En cuanto a las sanciones, el texto prevé penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, sabiendo, presten bienes o servicios esenciales a los responsables de las conductas previstas.
Además, el proyecto introduce efectos amplios: los condenados podrían quedar impedidos de desarrollar actividades económicas en el país, perder exenciones impositivas o previsionales, ver revocadas sus habilitaciones y verse forzados a rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina. También quedaría vedada la contratación con el Estado nacional, las provincias, los municipios y con cualquier persona o empresa radicada en el país.
