Un día antes de que un tribunal federal de Nueva York desestimara la demanda colectiva presentada por afectados por el lanzamiento y posterior caída de Libra, el gobierno de Estados Unidos comunicó, por escrito, su postura a las autoridades argentinas. En el documento oficial, el Departamento de Justicia sostuvo que los inversores toman sus propios riesgos al operar con activos especulativos, novedosos y poco regulados, y que la difusión pública de un código promocionado por un político no alcanza para demostrar que hubo inducción a un fraude.
La posición oficial, que hasta ahora no había trascendido, fue enviada por la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Criminal del DOJ. En la misiva, la OIA informó al Gobierno de Javier Milei que no entregaría los registros solicitados por la Justicia argentina porque, a su entender, la información aportada resulta insuficiente para sustentar un delito y, por ello, el expediente no continúa.
La solicitud argentina, presentada ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, buscaba acceder a “registros de suscriptor” para avanzar en una pesquisa por fraude ligada a Libra, el criptoactivo impulsado por Hayden Mark Davis (EE. UU.) junto con Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy (ambos argentinos). Milei había respaldado públicamente el proyecto, incluso compartiendo en X un código de 44 caracteres necesario para adquirirlo.
Según la respuesta oficial de Washington, las autoridades estadounidenses demandaron información adicional a los tribunales argentinos en dos oportunidades: el 24 de abril de 2025 y el 31 de julio de 2025. La Argentina contestó primero el 31 de julio de 2025 y, luego, el 7 de mayo de 2026, ya casi nueve meses después. Aun así, la réplica final fue negativa.
“Lamentablemente —señala la carta, redactada en inglés con traducción oficial al español y firmada por la fiscal Mari Aponte— la información proporcionada no es suficiente para obtener los registros solicitados, pues no se acreditan pruebas suficientes de la existencia de un delito”, indica el texto.
El documento también subraya que, para avanzar, deben existir pruebas claras de una conexión entre los involucrados y los hechos ilícitos objeto de la pesquisa, así como entre las ayudas solicitadas y el supuesto delito. Con ese marco, la OIA sostuvo que no procede dar curso a la requisición presentada por Argentina y declaró cerrado su expediente sobre el asunto.
