La madrugada del 15 de febrero de 2021, la familia Rey vio alterada la vida de Ricardo Rey, su esposa y sus hijos Ariel y Gustavo, que trabajaban juntos en la pyme creada en 1989 en San Pedro, Buenos Aires. Un grupo de aproximadamente 15 activistas del Sindicato de Camioneros cortó el acceso a la planta, impidiendo la entrada y salida de camiones.
Los Rey no habían hecho nada fuera de la ley: pagaban impuestos, mantenían una plantilla de 15 empleados y, como otras empresas de la región, habían acordado desde 2017 una “contribución” mensual al sindicato de Camioneros de San Nicolás. Según el cobrador del gremio, para trabajar “en paz” debían incluir un sueldo fijo por mes. Los Rey aceptaron ese aporte, pero se negaron a encuadrar a su personal, afiliado a la Cámara de Comercio, en la seccional de Camioneros de la zona, liderada por Maximiliano Cabaleyro. A partir de ahí estalló una campaña de presión que dejó a la pyme paralizada durante cinco días y le costó a la empresa más de 370 millones de pesos.
No fue un caso aislado; sin embargo, los Rey decidieron presentar una denuncia penal y la Justicia respondió. Dos dirigentes sindicales quedaron detenidos en 2022 y actualmente afrontan un juicio oral y público en San Nicolás, acusados de extorsión y turbación en concurso con coacción.
Cabaleyro, exconcejal del Frente de Todos, fue encarcelado junto a Fernando Espíndola hace varios años tras una medida de detención dictada por la jueza de Garantías de San Nicolás por presuntos bloqueos a Distribuidora Rey. El objetivo era forzar que los 35 trabajadores pasaran a la órbita de Camioneros y dejaran de estar afiliados a Comercio. En la instrucción se hallaron indicios de pagos irregulares exigidos para levantar la protesta.
Entre las pruebas reunidas figuran videos, declaraciones y hasta una caja de cartón con 500.000 pesos y dos cheques recibidos por los dirigentes para garantizar la “paz social”, señales que, según la acusación, corroborarían un esquema de extorsión.
La fiscalía solicitó que Cabaleyro reciba una pena de 10 años de prisión efectiva por dos delitos de extorsión y otros dos de turbación en concurso con coacción. En cuanto a Espíndola, no participó del juicio directo porque aceptó un procedimiento abreviado a principios de septiembre; ese acuerdo, que podría derivar en una pena máxima de seis años, aguarda la homologación de la jueza Elena Baquedano.
