En el inicio de la gestión de Javier Milei, la Corte Suprema exhibe un ritmo de decisiones que provoca lectura dual: para unos, avances relevantes; para otros, señales de alineamiento político más que de impulso doctrinal. El episodio más visible ha sido la maniobra para derogar y, a la vez, restituir la Ley de Tierras en un plazo de diez días, un movimiento que encendió el debate sobre motivaciones y beneficios, y dejó a juristas y a la ciudadanía con más preguntas que certezas.
No es la primera vez que el máximo tribunal parece responder a un impulso del Gobierno libertario. Se han registrado incidentes que alimentan la sospecha de una correlación entre las decisiones y la agenda oficial: la extradición de Federico Fred Machado —financista de José Luis Espert— tras cuatro años de traba en el expediente; la resolución en un marco de tiempos muy acotados que terminó encaminando a Cristina Fernández de Kirchner hacia la prisión en un contexto de candidatura anunciada por la expresidenta, mientras Estados Unidos limitaba su ingreso; y la juramento en secreto de Manuel García Mansilla tras su designación en comisión, con una duración breve en el cargo. A la vez, persisten silencios sobre cuestiones centrales, como la discusión constitucional del DNU 70/23 y reclamos por recortes de fondos a las provincias.
En paralelo, la Corte ha visto fraccionada su tarea: fallos relevantes sobre libertad de expresión en entornos digitales y sobre hábeas data; calculadores de indemnizaciones en el fuero laboral; y límites a tasas municipales figuran entre las resoluciones que jalonan un corpus jurídico que, a ojos de algunos, no está exhibiendo la consistencia doctrinal que se le suele atribuir a un tribunal con tal peso. El fallo Levinas, firmado por Juan Carlos Maqueda, que trasladó ciertas causas de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires y fue interpretado como favorable a Mauricio Macri en un asunto vinculado al Correo, es citado como ejemplo de esa tendencia percibida por parte de académicos y observadores.
La situación se agrava con la cuestión de las vacantes: tres miembros activos implicarían una concentración de poder notable frente a períodos en los que la Corte contaba con siete integrantes, cuando el tribunal sí debatía con audiencias públicas y amicus curiae y mantenía una agenda institucional de alto impacto. Hoy, la ausencia de un quórum completo y la imposibilidad de desarrollar una jurisprudencia sostenida generan inquietud sobre la continuidad y la calidad de las decisiones.
Esta parte de la historia de la Ley de Tierras y del accionar judicial empezó el martes 29 de septiembre, cuando la Corte comunicó las resoluciones de su acuerdo, abriendo un ciclo de resoluciones que, para algunos, redefine el vínculo entre el poder judicial y la tarea de political compliance. La pregunta que persiste es clara: ¿qué lectura de la Corte está emergiendo y a quién beneficia este rumbo? En un escenario donde la seguridad jurídica y la confiabilidad institucional ya están en juego, el debate sobre el papel de la Corte en la etapa Milei continúa abierto.
