El programa de privatizaciones del Gobierno, enmarcado en la Ley Bases de 2024, avanza con la venta de activos energéticos y la privatización de concesiones ferroviarias de carga, luego de la adjudicación del 90% de las acciones de AySA al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX por u$s340,2 millones, según informó la agencia gubernamental.
Se lanzó una licitación para concesionar por 50 años las líneas Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza, con un esquema de acceso abierto y compromisos de inversión, además de la posibilidad de adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos de infraestructura ferroviaria. Se estiman obras por alrededor de u$s800 millones, que incluyen renovación y duplicación de vías, recuperación de ramales fuera de servicio, rehabilitación de puentes y alcantarillas y modernización de sistemas de señalización y telecomunicaciones. La adjudicación de estas tres líneas podría producirse entre abril y mayo de 2027. También se contempla electrificación en tramos seleccionados, mejoras en pasos a nivel y el desarrollo de nodos logísticos, puertos secos y playas de maniobras.
El proceso ha generado interés de actores del agro, la minería y operadores ferroviarios globales. Entre los interesados figura Grupo México, que expresó su intención de invertir aproximadamente u$s3.000 millones, condicionada al acceso al RIGI y a garantías de estabilidad regulatoria.
Una vez definidas las adjudicaciones, los concesionarios deberán iniciar las obras comprometidas bajo supervisión estatal y con financiamiento complementario de un fideicomiso. Las previsiones apuntan a que las concesiones de Belgrano, San Martín y Urquiza sean adjudicadas entre abril y mayo de 2027.
En el ámbito aeronáutico, Intercargo, encargada de la asistencia en tierra a las aerolíneas, enfrentó un obstáculo: la licitación con precio base de u$s45 millones quedó desierta a fines de junio, sin propuestas de inversores. Ante ese resultado, la comisión evaluadora recomendó cerrar el procedimiento sin adjudicación. Mientras tanto, la empresa permanece en manos del Estado, en un contexto en el que la gestión de Milei habilitó a otros operadores a prestar servicios en tierra, dentro de la desregulación del sector.
El marco normativo vigente, recogido en los decretos 695/2024 y 198/2025, mantiene la facultad para que el Ministerio de Economía explore mecanismos de participación privada en servicios y otras áreas vinculadas a estas privatizaciones.
