El oficialismo continúa empujando la agenda pese a haber atravesado dos semanas de giras y a que, en las próximas semanas, otros senadores también sumarán millas. El objetivo es reactivar el proceso y avanzar en una modificación de la ley de salud mental en coordinación con la oposición dialoguista, un tema que genera idas y vueltas entre el Gobierno y las provincias.
Hasta el último jueves, la intención de la bancada de La Libertad Avanza, liderada por la legisladora porteña Patricia Bullrich, era convocar a una conferencia en los días próximos para presentar los cambios que se fueron acordando con aliados, aunque el texto final aún no estaba cerrado.
Durante la semana, Infobae pudo acceder a un borrador de dictamen que fue enviado a las bancadas. En particular, a los senadores que integran las comisiones que trabajan la cuestión: Salud y Legislación General. Ambas están al frente de legisladores del espacio Milei: Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente.
Uno de los temas centrales es la participación de los psicólogos, no solo durante el proceso de internación, sino de forma más amplia, equiparando su incidencia con la de los psiquiatras en la decisión principal de internación. Fuentes de dos despachos señalaron la presión considerables desde ministerios de salud de varias provincias del interior, que por ahora no logró debilitarse; los médicos primarían en este aspecto, por lógica profesional.
Otro punto relevante es definir cómo y dónde interactuaría la parte judicial. Las fuentes indicaron que no se busca entregar la decisión exclusivamente al ámbito judicial, pero sí que exista notificación y participación del sistema legal, así como aclaraciones sobre internaciones contra la voluntad del paciente.
Sobre esta cuestión, aparece un inciso identificado como “q” que establece que “toda persona con plena capacidad puede consentir o rechazar anticipadamente determinados tratamientos y decisiones relativas a su salud mental, así como designar a una o más personas para expresar su consentimiento cuando no pueda hacerlo por sí misma”. Las directivas deberán ser aceptadas por el equipo interdisciplinario interviniente, salvo en situaciones que impliquen un riesgo grave para la vida o la integridad física propia o de terceros. Además, la declaración de voluntad puede revocarse en cualquier momento.
En la propuesta circulante, aún sujeta a aval final, se especifica que “la autoridad de aplicación” fijará lineamientos para que cada jurisdicción defina la conformación de sus equipos interdisciplinarios, de acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos. Se contempla incluso la intervención del médico psiquiatra mediante teleconsulta sincrónica cuando no pueda garantizarse su presencia física. Este punto forma parte de las negociaciones en curso.
En cuanto al calendario, la expectativa es avanzar con una conferencia en los próximos días para comunicar los cambios trabajados con aliados, en un intento por encauzar el texto hacia un consenso que hoy no está asegurado.
