El Senado volverá a analizar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un acuerdo suscrito por Argentina en décadas pasadas y que acumula trámite desde 1998, cuando el Senado le dio su aprobación. Diputados avanzó con la votación en agosto pasado, pero el texto fue modificado al dejar en reserva el Capítulo II, por lo que el asunto regresa a la Cámara alta para una segunda revisión. Libertades Avanzadas pretende dictaminarlo la próxima semana, en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores e Industria, programado para el mediodía del miércoles 14.
Desde el entorno de La Libertad Avanza, un legislador afirmó que la intención es mantener lo pactado originalmente y evitar introducir cambios que generen futuros conflictos. Esta postura cobra relevancia ante episodios previos en el Senado: durante la última sesión, cuando restaban minutos para definir una legislación vinculada a la Carta Orgánica del Banco Central, hubo llamados desde la Casa Rosada para desviar la ruta del tratamiento; la iniciativa no obtuvo resultados.
El PCT permite que inventores y empresas presenten una única solicitud internacional de patente, lo que otorga protección en los 158 Estados parte sin necesidad de gestionar expedientes por separado en cada jurisdicción. En la práctica, la adhesion al PCT equivale a un trámite único que tiene efectos jurídicos equivalentes a presentar en múltiples países.
La vigencia del acuerdo es relevante para compromisos regionales: forma parte de un frente comercial entre Argentina y Estados Unidos, y también figura entre los compromisos dentro de los pactos entre Mercosur y la Unión Europea, así como Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).
En mayo del año pasado, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, explicó que el PCT simplifica la gestión: “una única solicitud global, con una entrada común para 158 estados”; de ese modo, un inventor argentino no tendría que gestionar trámites ante decenas de oficinas diferentes.
El Gobierno intentó impulsar el convenio en Diputados, pero encontró resistencia del sector de laboratorios. Antes de cerrar un despacho, se decidió dejar en reserva el Capítulo II, el cual establece una patente vigente por 20 años en todos los países miembros.
Desde el sector advirtieron sobre posibles usos del Capítulo II por parte de empresas multinacionales para favorecer estrategias de “evergreening” (reverdecimiento). Esta práctica consistiría en aprovechar un examen internacional para introducir modificaciones menores en fármacos existentes, con el objetivo de prolongar artificialmente monopolios y limitar la competencia.
