El gobernador Rogelio Frigerio anunció que remitirá al Poder Legislativo un proyecto de reforma del Código Procesal Laboral con el objetivo de disminuir la litigiosidad, ordenar las pericias médicas y dotar de mayor previsibilidad a empresas, trabajadores y aseguradoras de la provincia.
El primer eje propone la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos, que dependerá del Poder Judicial y cuyo ingreso se definirá mediante concurso público. La clave del diseño es la remuneración: sus integrantes cobrarán un sueldo fijo, de modo que sus ingresos no dependan del porcentaje de incapacidad evaluado ni del monto de una eventual indemnización. Se busca así desasociar el resultado de la pericia del beneficio económico del perito.
El segundo eje introduce la aplicación obligatoria del baremo nacional para determinar incapacidades laborales. Hasta ahora, la falta de un criterio uniforme permitía divergencias entre peritos, generando incertidumbre. Con la reforma, los profesionales deberán sustentar técnicamente sus conclusiones dentro de ese marco común, con la finalidad de unificar criterios y reducir diferencias entre evaluaciones.
El tercer pilar modifica la forma de calcular los honorarios periciales. Actualmente, esos pagos se vinculaban al monto reclamado, a la condena o al porcentaje de incapacidad reconocido, lo que podía estimular la sobrevaloración. La propuesta establece que la remuneración se determine por la complejidad, la calidad y la utilidad del trabajo realizado, con un tope máximo preestablecido.
El cuarto aspecto elimina la obligación de depositar previamente el monto de la condena, intereses y costas, o de ofrecer bienes suficientes en embargo, como requisito para que un empleador pueda apelar una sentencia laboral. Se busca garantizar el acceso a una segunda instancia sin eliminar las cautelares necesarias para asegurar el eventual cumplimiento del fallo.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) respaldó la iniciativa y la calificó como un “primer paso concreto y necesario” frente al crecimiento sostenido de la litigiosidad. Con la reforma, el gobierno entrerriano plantea un sistema con pericias independientes, reglas uniformes y menores incentivos para judicializar, con miras a reducir costos y aumentar la previsibilidad para quienes trabajan, producen e invierten en Entre Ríos.
Contexto y datos relevantes: según la UART, en 2025 se iniciaron 2.502 juicios por Riesgos del Trabajo en la provincia, un 25% más que el año anterior; entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, ese crecimiento alcanzó el 38%, la cifra más alta registrada en el período.
