La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó ante el juez federal Sebastián Casanello un requerimiento de juicio oral contra Ricardo Oreste Garione, exsubgerente de Estudios y Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La acusación sostiene un presunto enriquecimiento ilícito de 3.189.028.220,56 pesos.
El escrito alcanza, además, a Cecilia Graciela Ortiz (pareja de Garione), Silvana Andrea Calderón (expareja), sus hijos Carola Garione y Manuel Garione, y su exsocio Tomás Alberto Prato. Se los identifica como personas interpuestas para registrar activos, inversiones y fondos que, según la PIA, serían del exfuncionario.
La fiscalía atribuye a Garione la adquisición de 19 inmuebles ubicados en Córdoba, Rafaela, El Calafate, Ingeniero Maschwitz, la Ciudad de Buenos Aires, Tigre y Formosa. Entre ellos se señalan un terreno de 6.000 metros cuadrados en Maschwitz, una propiedad en Nordelta y participaciones en emprendimientos inmobiliarios cordobeses.
Entre las imputaciones también figuran la compra de una motocicleta Harley-Davidson en 2010, una camioneta Volkswagen Amarok registrada a nombre de Calderón y vehículos a nombre de Ortiz y Carola Garione. Se menciona, además, la obtención de 15.625 dólares en enero de 2010 y acciones de TECTA SA.
La PIA señaló operaciones con moneda extranjera, adquisición de acciones societarias y participación en fideicomisos y desarrollos inmobiliarios. La pesquisa analizó aportes de capital, acreditaciones bancarias y transacciones efectuada mediante familiares y socios.
Un componente clave del requerimiento es una proyección fiscal actualizada a julio de 2026, que compara ingresos y egresos de Garione con el patrimonio incorporado en la década analizada. Según la documentación, los ingresos declarados durante los períodos observados ascienden a 1.473.244.025,94 pesos, cifra que la fiscalía considera insuficiente frente a los activos, consumos e inversiones examinados.
La acusación cuestiona que varias escrituras y boletos de compraventa consignaran valores inferiores a las tasaciones de organismos y peritos oficiales. También señala préstamos considerados ficticios o con escasa trazabilidad bancaria, y operaciones inmobiliarias cuyo origen de fondos no habría sido acreditado.
De acuerdo con la hipótesis de la PIA, Ortiz, Calderón, Carola Garione, Manuel Garione y Tomás Prato habrían sido utilizados para incorporar y administrar bienes que, presuntamente, pertenecerían al exfuncionario Garione.
En cuanto a Ortiz y Calderón, la fiscalía sostiene que adquirieron inmuebles en Don Torcuato y registraron vehículos a su nombre durante 2008 y 2009 sin indicios de ingresos laborales, altas tributarias nacionales, saldos bancarios o otras acreditaciones que respaldaran esas operaciones.
Carola Garione habría sido integrada al proceso por la compra de un departamento en la calle Sánchez de Bustamante, en la Ciudad de Buenos Aires, en 2016, y por la adquisición de un vehículo.
