Las dos iniciativas centrales impulsadas por la actual gestión, la Ley Bases de julio de 2024 (16 apartados) y, en marzo de 2026, la Ley de Modernización Laboral con 218 artículos, aún no muestran un impacto positivo en la creación de empleo formal, de acuerdo con los registros oficiales.
Con la vigencia de la Ley Bases, el sector privado acumuló una pérdida de 106.927 puestos de trabajo registrados, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Paralelamente, la proporción de trabajadores asalariados subió de 36,4% a 37,9%, lo que representa unas 100.000 personas con relación laboral no registrada adicional. Aunque el Presidente celebró un incremento de empleo, la mayor parte de estos trabajadores carece de derechos y aportes previsionales y, con frecuencia, percibe salarios por debajo de las normas de convenio.
Detrás del optimismo oficial se esconde un aumento significativo de la informalidad: del segundo trimestre de 2024 al segundo de 2026, la tasa de informalidad escaló de 41,4% a 45% del total de ocupados. En los aglomerados urbanos medidos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, este incremento implica unos 574.000 ocupados informales más en dos años, y la mayoría son trabajadores por cuenta propia.
En el segundo trimestre, INDEC indicó un nuevo aumento de la desocupación, de 7,6% a 7,9% interanual, subrayando que la informalidad y el trabajo autónomo siguen creciendo a ritmo notable.
En paralelo, la Ley de Modernización Laboral mostró su propio efecto: desde su entrada en vigor se perdieron 36.531 puestos de trabajo registrados en el sector privado, según SIPA. Los empleos no registrados se mantuvieron relativamente estables, pero la incidencia de informalidad sobre el total de ocupados pasó de 44,2% a 45%.
A estas magnitudes se suman otros indicadores oficiales: desde el inicio de la gestión liberal, cerraron 31.342 empresas —en su mayoría pymes— y, hasta julio, se activaron 163 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), casi uno menos que en todo 2025. Los PPC permiten suspensiones y la posibilidad de reducir salarios y costos de indemnización. En la Justicia, avanzan a paso lento dos procesos por presuntas adulteraciones en PPC, denunciados por sindicatos de Comercio y Seguridad Privada, con acusaciones que implicarían a funcionarios, empresarios y dirigentes gremiales.
El panorama se mantiene complejo ante una economía que atraviesa señales de recesión, con salarios relativamente contenidos y una inflación en ascenso.
Recordatorio: En diciembre de 2023, la desocupación era de 5,7%; para el segundo trimestre de 2026 se ubica en 7,9%, según el INDEC.
