Las estadísticas oficiales muestran que, por ahora, ni la llamada Ley Bases de julio de 2024 ni la ley de modernización laboral, aprobada en marzo de 2026, lograron convertir en empleo formal el impulso prometido por la administración. En el periodo posterior a la entrada en vigor de la Ley Bases, el sector privado acumuló 106.927 puestos de trabajo registrados menos, según el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA). Paralelamente, la participación de trabajadores asalariados subió de 36,4% a 37,9% del total, lo que equivaldría a unos 100.000 asalariados no registrados más, con salarios frecuentemente por debajo de lo convenido y sin aportes a la seguridad social. Aun cuando el Presidente celebró un aumento en el empleo, las cifras señalan empleo sin derechos ni cobertura.
Entre la retórica oficial y la realidad, llama la atención el crecimiento de la informalidad. Entre el segundo trimestre de 2024 y el segundo de 2026, la tasa de informalidad pasó de 41,4% a 45% del total de ocupados. En los aglomerados urbanos medidos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, ello se traduce en aproximadamente 574.000 ocupados informales más en ese periodo, siendo la mayor parte cuentapropistas.
En el segundo trimestre, el desempleo volvió a subir: 7,9% frente al 7,6% de un año atrás. Más allá de ese incremento, el crecimiento de la informalidad y la expansión de la ocupación por cuenta propia siguen marcando la dinámica laboral, con datos que apuntalan una lectura crítica sobre el efecto de las reformas.
Con la implementación de la ley de modernización laboral, la destrucción de empleo en el sector privado alcanzó 36.531 puestos registrados, según SIPA. La incidencia de la informalidad total se mantuvo relativamente estable, pero se elevó del 44,2% al 45%. A estas cifras se suman otras variables oficiales: desde el inicio de la gestión libertaria, cerraron 31.342 empresas, mayormente pymes; hasta julio de este año se activaron 163 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), apenas uno menos que en todo 2025. Los PPC permiten suspensiones y posibles reducciones salariales y de indemnización, y dos causas en la Justicia investigan firmas supuestamente adulteradas en estos procesos, denunciadas por sindicatos de Comercio y Seguridad Privada, con indicios de maniobras que involucrarían a funcionarios, empresarios y gremialistas.
El cuadro se agrava en un contexto de recesión, con salarios contenidos e inflación al alza. En diciembre de 2023, la tasa de desempleo era 5,7%; en el segundo trimestre de 2026 se ubicó en 7,9%, según los datos del INDEC.
