En medio del hermetismo que rodea la elaboración del Presupuesto Nacional de Gastos y Recursos de la Administración Central, Infobae analiza cómo se llega a la etapa previa a la presentación ante el Congreso y qué proyecta el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del BCRA para 2027.
El Gobierno busca sostener un superávit fiscal, priorizar el gasto social —jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)— y mantener recortes en subsidios económicos a empresas y hogares, a la vez que refuerza transferencias a universidades y provincias para infraestructura y educación.
También avanza en la reducción y eliminación de impuestos distorsivos, como los derechos de exportación, y propone recortes en impuestos y cargas como Débitos y Créditos Bancarios e impuestos internos. En el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), se contempla además la baja de las contribuciones patronales sobre la nómina para las nuevas contrataciones netas hasta mayo de 2027.
A 1 de septiembre de 2026 habían transcurrido 244 días de 365, con una ejecución teórica del 66,9%. Los gastos devengados de la Administración Central sumaban 101,5 billones de pesos sobre un crédito vigente de 150,1 billones, lo que implica una ejecución de 67,6%, apenas 0,76 puntos porcentuales por encima de la referencia.
El resultado agregado oculta diferencias relevantes entre jurisdicciones, lo que anticipa qué áreas tendrían mayor peso relativo en el proyecto 2027 y cuáles enfrentarían menor margen para su recuperación.
El Ministerio de Capital Humano, que concentra las prestaciones previsionales, las asignaciones familiares y los programas vinculados al PAMI, devengó 60,2 billones, lo que representa el 69,5% de su crédito anual, 2,6 puntos por encima del ritmo teórico.
Dado que estas partidas ya corren adelantadas respecto del calendario, y frente a un consenso privado que proyecta una inflación acumulada de entre 28% y 33% entre septiembre de 2026 y diciembre de 2027, la actualización mensual para jubilaciones y asignaciones busca preservar el poder de compra. Esto sugiere que la partida social llegaría al 2027 con un crédito que no solo compense la inflación, sino que mantenga la incidencia relativa que ya muestra en la ejecución actual.
El Servicio de la Deuda Pública es otro componente relevante en la dinámica del gasto, aunque la información disponible no concluye en un detalle definitivo. En conjunto, la Nación avanza con un esquema de contención y priorización del gasto social, mientras la distribución entre jurisdicciones y la trayectoria inflacionaria condicionan el resultado final de cara al presupuesto para 2027.
