El titular de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, afirmó que la administración espera que el jurado de enjuiciamiento determine si la jueza María de los Ángeles de Marinis incumplió sus funciones, y que, de corresponder, se aplique una sanción. El funcionario cuestionó la resolución y la describió como un “serio incumplimiento” de sus deberes.

En diálogo con un programa radial, Tapia explicó que las opciones disciplinarias pueden ir desde un apercibimiento hasta la suspensión o la destitución, y ressaltó que el objetivo es que el jurado analice si la magistrada cumplió o no con la norma aplicable.

La controversia surgió en un expediente por intento de robo ocurrido en Palermo, en el que estaba imputado un adolescente de 14 años con las iniciales M.I.A. De Marinis, al frente del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3, declaró inconstitucional para ese caso el artículo 1° de la Ley 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal juvenil.

La jueza consideró al adolescente no punible, dictó su sobreseimiento y remitió el caso al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para delinear un plan de acompañamiento familiar, reinserción escolar y acceso a actividades recreativas.

Tapia sostuvo que la medida disciplinaria busca verificar si la magistrada cumplió la norma vigente y añadió que, según su lectura, la resolución careció de fundamentos suficientes. Además, afirmó que De Marinis acumula resoluciones de primera instancia revocadas, aunque no aportó cifras ni expedientes específicos.

El ministro relacionó su postura con la política de seguridad y justicia que impulsa la gestión de Jorge Macri, defendiendo que quienes incumplen la ley deben enfrentar consecuencias y cuestionando resoluciones que, a su criterio, podrían debilitar el trabajo legislativo y ejecutivo para prevenir delitos.

Ante la advertencia de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, sobre enjuiciar a magistrados por el contenido de sus sentencias, Tapia respondió que el jury es un mecanismo previsto en la Constitución. “Si uno hace bien su trabajo, ¿cuál es el problema?”, afirmó, y subrayó que la medida no busca escrachar al Poder Judicial de la Ciudad, sino revisar el desempeño de la magistrada ante la normativa vigente.