CÓRDOBA. Mientras la Casa Rosada reparte una serie de imágenes junto a los gobernadores —muchas de esas tomas muestran a Diego Santilli y a Luis Caputo—, los mandatarios provinciales buscan certezas sobre el financiamiento del año próximo: monto definitivo, criterios de entrega, qué partidas quedan protegidas por ley y cuáles seguirán dependiendo de decisiones discrecionales de la Casa Rosada.
En las conversaciones actuales se cruzan dos ejes: la reforma electoral, con foco en la posibilidad de eliminar las PASO impulsada por el oficialismo, y el proyecto de presupuesto para 2027. En medio de ese tira y afloje, la mayoría de los gobernadores ha fijado una cita para el 16 de octubre, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), para una cumbre de logística. El objetivo es perfilar una posición común sobre los puntos que tendrán tratamiento en el Congreso.
En lo que respecta a la reforma electoral, la coalición libertaria no contaría con los votos de sus aliados para eliminar las PASO, pero sí podría sumar apoyos para una suspensión. Santilli mantiene reuniones para convencer a más voces, y, a la luz de las negociaciones, la lectura más clara es que la clave pasa por los acuerdos políticos de cara a las elecciones de 2027. Los gobernadores dialoguistas quieren entender qué papel jugará La Libertad Avanza en sus distritos, mientras la Casa Rosada prioriza asegurar la reelección del presidente Javier Milei.
El estreno del presupuesto no fue sencillo para el Gobierno. Los gobernadores presionaron para retirar artículos que afectaban las prestaciones por discapacidad, lo que llevó al Ejecutivo a replantear su postura respecto a la Ley de Discapacidad. No solo se dio marcha atrás en esos puntos, sino que se mantuvieron los artículos centrales de la prórroga de la emergencia, una iniciativa promovida por bloques críticos. En Diputados se consiguió un dictamen de mayoría, aunque persiste la desconfianza entre los protagonistas.
Otro tema encendido es la propuesta de eliminar la actualización automática de la AUH y de las asignaciones familiares que administra la Anses. Desde 2015, la movilidad de la AUH, la AUE y las asignaciones está vinculada al índice de precios. Si el presupuesto llega tal como fue presentado, cualquier mejora futura dependería de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
El financiamiento universitario figura entre los puntos de mayor fricción. Los gobernadores lo catalogan como un tema de impacto social y quieren evitar votar en contra. Osvaldo Jaldo (Tucumán) ya reclamó que esas partidas se ajusten a las necesidades esbozadas por los rectores a través del CIN.
Aunque la reunión del CFI está planteada como una cumbre logística, la agenda incluye temas de financiamiento y coordinación para sostener la postura frente al Congreso y al proceso electoral en curso.
