Una audiencia pública virtual, prevista para el 5 de octubre, será el marco para analizar los pliegos de licitación del servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. El punto central de la discusión es qué condiciones regirán las concesiones entre 2028 y 2038 y, en particular, si el contrato incluirá indemnizaciones para el personal cuando las empresas cambien o renueven sus permisos.
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, por intermedio del jefe de Gabinete de la ciudad, el cargo de Jorge Macri, aún no ha adelantado que se vayan a pagar esas indemnizaciones. Esa posición genera alerta entre el Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano y su hijo Pablo, que ya adelantaron que podrían expresar su rechazo si las cláusulas no contemplan indemnizaciones para los trabajadores.
Además, existe la posibilidad de que el sindicato exija garantías presupuestarias para el 2027 en el presupuesto de la ciudad, con vistas a asegurar partidas para resarcir económicamente a los aproximadamente 6 mil trabajadores del sector. Aun si ganan las licitaciones en 2028, se estima que durante 10 años los empleados permanecerán en las mismas empresas o pasarán a firmas ganadoras de la nueva concesión.
En juego hay alrededor de 200 millones de dólares destinados a indemnizar a los recolectores de la ciudad. El pliego actual, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, contempla en su sección de Personal Operativo un apartado denominado “Indemnizaciones Finales”: al finalizar el contrato, la adjudicataria debe calcular las indemnizaciones, que una vez auditadas, serán abonadas por la Ciudad para que la empresa indemnice a los trabajadores.
El trasfondo del conflicto pasa por la llamada Ley Moyano: una norma no escrita que desde 1998 ha condicionado cambios de concesión, despidos y reinserciones de personal en distintas municipalidades a través del eventual “indemnizar y volver a contratar”. Aunque no tiene un fundamento jurídico formal, su influencia se ha sentido en contratos de gestión de residuos en localidades como Avellaneda y Moreno, y se ha discutido a la luz de las nuevas licitaciones porteñas. La historia remarca el peso de este patrón en la negociación entre el poder político local y el sindicato de Camioneros, ante una licitación que podría definir las condiciones laborales de una parte importante del sector durante la próxima década.
