Industriales Pymes Argentinos (IPA) alertó que el nuevo esquema eléctrico ya empieza a afectar a las pequeñas y medianas empresas, con facturas que, en varios casos, cuadruplicaron lo esperado. La organización indicó que el impacto llega incluso a compañías que habían cerrado contratos de abastecimiento directo y que vieron costos cercanos al doble de lo pactado. El análisis se da en un contexto de caída en la actividad y en el consumo.
IPA sostuvo que la preocupación no se limita al incremento tarifario, sino a la forma en que se instrumentó la transición: las pymes se vieron obligadas a convertirse en especialistas en contratación de energía, evaluando precios, condiciones de suministro y obligaciones legales en un mercado complejo, mientras intentaban sostener la producción, el empleo y sus compromisos financieros.
Entre las firmas que no firmaron acuerdos de abastecimiento, la organización relevó facturas que se dispararon hasta cuadruplicarse. Por otro lado, entre quienes sí firmaron contratos, detectó cargos adicionales que elevaron el costo final a valores próximos a doblar lo pactado, generando disputas con proveedores.
“Este escenario exige una intervención pública”, indicó IPA, al señalar que la mayor carga energética está empujando a endeudamiento y pérdidas para las pymes. La entidad también cuestionó la falta de información y acompañamiento durante el cambio de régimen, ya que, según su diagnóstico, obliga a una pyme a convertirse de golpe en experta en contratación energética, cuando su prioridad debería ser producir, vender y enfrentar la caída del consumo.
IPA recordó que la normativa mencionaba una transición “gradual, ordenada y previsible” y afirmó que esas condiciones no se cumplieron. Por ello, pidió convocar de manera urgente a los sectores involucrados y revisar los casos con diferencias significativas entre los precios contratados y los facturados.
La organización enfatizó que el costo de una transición mal implementada no debe recaer sobre la producción. Sin información, sin planificación y sin una política energética de largo plazo que aporte previsibilidad, sostiene IPA, el nuevo modelo no resuelve un problema existente, sino que genera uno nuevo para las pymes.
