El Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley destinado a reforzar la Defensa de Soberanía por Malvinas. La iniciativa amplía el alcance de las sanciones a todos los recursos naturales para las empresas que operen en las islas sin permiso argentino y, además, ratifica el reclamo de soberanía sobre las Islas. En materia de sanciones económicas, contempla multas de hasta tres millones de barriles de petróleo y prevé una inhabilitación de hasta 20 años; también endurece las medidas para firmas que actúen en la Argentina sin autorización.
El texto incorpora un esquema de protección tanto en el ámbito aeroespacial como en el marítimo. Se propone un protocolo para detectar, identificar e interceptar aeronaves irregulares u hostiles, y regula la detención e inspección de buques. En lo relativo al plano marítimo, se prevén advertencias, disparos de advertencia y, como último recurso, medidas para inutilizar una embarcación.
Además, la iniciativa centraliza bajo una única estructura las funciones diplomáticas, económicas, cibernéticas, jurídicas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica. La conducción política quedará a cargo del presidente Javier Milei.
Tras enviar el proyecto al Legislativo, desde el Ejecutivo se pidió a la dirigencia política poner en pausa otras discusiones para priorizar su tratamiento. Milei señaló que “todo lo que se hizo en el pasado resultó ineficaz e insuficiente” para defender la causa Malvinas y afirmó que no se puede permitir que quienes usurpan el territorio eviten trabajar juntos para la recuperación de unas Islas que, afirmó, “son y serán argentinas”, en una carta difundida por redes sociales.
El Consejo de Seguridad Nacional, de aprobarse la ley, sería el órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional y estaría encabezado por el Presidente de la Nación. Entre sus funciones figuran asesorar al mandatario en todo lo relacionado con la seguridad, elaborar y remitir al Poder Ejecutivo la Política de Seguridad Nacional para su aprobación y aprobar las políticas sectoriales de los distintos componentes del sistema, asegurando su coherencia con los lineamientos generales.
Asimismo, el Consejo vigilará la coordinación y la supervisión de la ejecución de la Política de Seguridad Nacional, así como de las políticas sectoriales y de los órganos, fuerzas y medios involucrados en las acciones de seguridad. Tendrá control sobre las áreas aeroespacial, marítima, fluvial y lacustre y deberá trabajar en la elaboración de la Estrategia Nacional y del Plan Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas, identificando infraestructuras de interés nacional y coordinando su protección, incluso en el caso de infraestructuras binacionales o multinacionales, en articulación con organismos internacionales o Estados extranjeros. La integración del Consejo prevé miembros permanentes y no permanentes; los primeros deben participar en todas las reuniones ordinarias, mientras que los no permanentes asistirán según corresponda.
