La Justicia Civil de primera instancia de Neuquén otorgó parcialmente la demanda presentada por Marcelo Severini, presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), y condenó a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz a abonar 5 millones de pesos por daño moral. El fallo sostuvo que la denuncia penal que Ruiz había presentado contra Severini carecía de elementos suficientes para sostener la acusación.

Además, la sentencia dispuso medidas para reparar los perjuicios derivados de la difusión pública de aquella denuncia, entre ellas la eliminación de menciones a la denuncia contra Severini en las plataformas digitales de Ruiz. Se fijó un plazo de diez días para cumplir, y, si no se verifica, Ruiz quedará sujeta a apercibimientos económicos progresivos. Las costas del proceso fueron impuestas a la demandada.

Este fallo representa un nuevo capítulo en la historia judicial de la ex vicegobernadora, en el marco de la crisis institucional que afectó a la Legislatura de Neuquén a fines de 2024. El expediente civil se nutrió, entre otros antecedentes, del archivo de la causa penal que había iniciado en la Justicia Federal y que luego fue remitida al fuero provincial.

Según informó Diario Río Negro, el conflicto se remonta a principios de diciembre de 2024, cuando Ruiz fue suspendida preventivamente en la Legislatura y posteriormente desplazada de la presidencia del cuerpo. Tras esa decisión, la ex funcionaria anunció acciones legales y presentó una denuncia ante tribunales federales de Buenos Aires, dirigida contra ministros provinciales, legisladores y referentes institucionales; entre los mencionados figuraba Severini, titular de CALF.

La demanda fue impulsada por los abogados de Ruiz, encabezados por Carlos Broitman, e incluía cargos por asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos. La defensa sostuvo que los denunciados habrían intervenido en una maniobra para apartar a Ruiz de la conducción de la Legislatura y que la denuncia buscaba alterar el funcionamiento institucional provincial.

Sin embargo, el fallo civil concluyó que la denuncia no describía hechos concretos que permitieran establecer la intervención material de Severini en los delitos señalados y que no se aportaron elementos mínimos de convicción para sostener la imputación. La causa, que se desarrolló inicialmente en la Justicia Federal de Buenos Aires, fue derivada al fuero provincial, bajo la supervisión del juez Sebastián C.