Desde la ocupación británica de 1833, Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas. En el Congreso avanza un proyecto de ley que, entre otros puntos, propone ampliar las facultades del Poder Ejecutivo en materia de seguridad e inteligencia. El texto contempla sanciones para empresas que operen en el archipiélago y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, además de medidas relacionadas con desinformación y financiamiento.

Mariana Altieri, politóloga especializada en geopolítica, advierte que la combinación de estos elementos va más allá del conflicto territorial. En el marco de la ONU, el caso de Malvinas se enmarca como cuestión de descolonización e integridad territorial, mientras que las posiciones británica e isleña sostienen la autodeterminación de sus habitantes.

Para Altieri, sostener que las Malvinas poseen el derecho a la autodeterminación sería una afirmación falsa y desinformadora. Coincide en que Argentina debe desarrollar una estrategia propia para contrarrestar esas narrativas, pero rechaza que el proyecto vincule la cuestión de soberanía con campañas políticas, procesos electorales, terrorismo, interferencia extranjera o desinformación masiva.

“Están mezclando dos cosas y están usando a Malvinas como mascarón de proa”, sostuvo la politóloga en Infobae A Las Nueve. Su diagnóstico es que el Congreso debería separar los temas y dar tiempo para una reflexión independiente sobre una eventual reforma de la política de seguridad y defensa.

La creación de un Consejo de Seguridad Nacional, según Altieri, podría funcionar como un “caballo de Troya”: la pretensión de cuidar el reclamo argentino por las islas terminaría incorporando una estructura estatal con funciones que exceden la disputa de soberanía. “Te están metiendo una especie de ley base de seguridad con un consejo de seguridad”, afirmó.

Argentina ya mantiene una separación entre defensa nacional y seguridad interior desde la transición democrática. La Ley de Defensa aborda agresiones de actores estatales externos, mientras la seguridad interior se ocupa de problemáticas dentro del país. Aunque la experta reconoce la necesidad de enfrentar desafíos como crimen organizado, narcotráfico, protección de infraestructuras y las funciones de las agencias, insiste en que ese debate debe tramitarse mediante una norma específica y no dentro de una iniciativa dedicada a Malvinas.

Altieri cuestiona que el eventual organismo concentre definiciones sobre defensa, terrorismo, campañas de desinformación e injerencia externa. También alertó que el proyecto podría facultar al Ejecutivo para actuar con controles legislativos insuficientes. “Cualquier organismo así debe contar con participación efectiva del Congreso”, concluyó.