La Justicia Federal de Río Grande ordenó la suspensión de las perforaciones, de las instalaciones submarinas y del inicio de la explotación del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental. La medida, dictada por la jueza Mariel Borruto, alcanza a las empresas Rockhopper y Navitas. Paralelamente, desde Comodoro Py se abrió una investigación sobre Desire Petroleum y el grupo Rockhopper.
En el programa Infobae al Regreso, el abogado ambientalista Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, explicó la estrategia judicial que encabeza junto al Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) y adelantó que buscarán avanzar sobre la estructura financiera que sostiene el proyecto. “Presentamos esta acción de tutela ambiental que unifica soberanía y ambiente”, sostuvo, al detallar una presentación que, indicó, se preparó durante varios meses.
El proyecto Sea Lion prevé iniciar producción en 2028, con una capacidad estimada entre 120.000 y 130.000 barriles diarios. El desarrollo contempla la perforación de 23 pozos y la instalación de infraestructura submarina. Según Viale, la magnitud de la iniciativa trasciende a las petroleras: “las empresas no actúan solas; tienen bancos, aseguradoras, etc.”. En ese marco, la estrategia apunta a identificar a los distintos actores que intervienen en el entramado económico del proyecto. “Sin financiamiento no hay proyecto”, resumió.
La resolución de Borruto suspendió las tareas vinculadas al desarrollo hasta la aparición de una evaluación ambiental, y, para Viale, esa decisión permite ir al fondo de la controversia al impedir que las compañías continúen operando mientras se definen las exigencias ambientales. El abogado también defendió la competencia del Juzgado Federal de Río Grande y conectó la acción con la jurisdicción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según explicó, uno de los objetivos iniciales era obtener una declaración judicial sobre la legalidad de las operaciones: “Lo primero que necesitábamos era esta declaración de ilegalidad”, afirmó, señalando que la medida cautelar ya anticipa esa discusión al impedir el avance del proyecto sin evaluación ambiental.
La demanda también busca notificar formalmente a las empresas de la decisión y permitir reconstruir el entramado societario y financiero detrás de Sea Lion. El siguiente paso, adelantó Viale, será avanzar sobre los activos vinculados a las compañías si se incumple la orden judicial: “lo que estamos preparando es el camino de los embargos”. El abogado aclaró que, de concretarse la ejecución, la medida podría abarcar activos relacionados con buena parte de la estructura económica del proyecto.
