El almirante Juan Carlos Romay, máximo responsable de la Armada, decidió quitar de sus cargos a ocho capitanes de corbeta y a un suboficial, todos denunciados por recibir cobros que no correspondían. A cada uno se le ordenó pasar a disponibilidad, quedando sin funciones mientras se avanzan las pesquisas disciplinarias previstas por el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.
La información, aportada por fuentes del Ministerio de Defensa, indica que los nueve efectivos permanecerán sin funciones y serán objeto de una investigación interna. La medida se enmarca en una denuncia de estafas que involucra a personal de la Armada y corresponde exclusivamente al ámbito disciplinario militar, sin depender de un proceso judicial en curso.
La actuación disciplinaria se toma de forma paralela a una investigación penal que, por su parte, está en curso para esclarecer hechos de fraude. La Armada denunció un fraude de al menos 938 millones de pesos, asociado a 645 acreditaciones indebidas de haberes efectuadas entre julio de 2022 y enero de 2026. En un primer momento, la irregularidad afectó a unos 23 oficiales, y las estimaciones podrían ampliarse, con montos que podrían situarse entre 1.3 y 1.6 mil millones de pesos. En la acusación penal se señala un monto histórico de 981.148.567,88 pesos.
El pase a disponibilidad, en la modalidad de revista, está previsto por la Ley de Personal Militar. Implica que el militar queda temporalmente sin funciones por un plazo máximo de un año; no es una degradación, sino una separación del cargo para facilitar la investigación disciplinaria. Entre las posibles sanciones, figura la destitución, en caso de encontrar responsabilidades.
Tras una actuación administrativa que permitió detectar las inconsistencias, se abrió una causa en el Juzgado Federal N° 2 para establecer las responsabilidades de las personas involucradas, ya apartadas de sus cargos. La denuncia fue presentada por Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, a partir de irregularidades detectadas en febrero de 2026, cuando se identificaron suplementos improcedentes abonados a cinco agentes.
Según la imputación, entre julio de 2022 y enero de 2026 se realizaron 645 acreditaciones indebidas a 23 personas, por un total de 981.148.567,88 pesos. Los pagos a veces superaban los haberes liquidados o carecían de respaldo. Una revisión técnica comparó liquidaciones, recibos, lotes enviados al Banco Nación y confirmaciones bancarias; se habría modificado manualmente registros y archivos tras los controles y antes del envío al banco, para luego devolver algunos montos y ocultar las diferencias.
El Ministerio de Defensa remarcó que la correcta administración de los recursos públicos es un compromiso inquebrantable y que no habrá tolerancia ante estas irregularidades.
