Este miércoles, los diputados de La Libertad Avanza amanecieron disconformes luego de que el proyecto de Presupuesto 2027 llegara al Congreso con un capítulo dedicado a la discapacidad que contiene cambios sustanciales, considerados por la oposición y por organizaciones del sector como un retroceso frente a la situación vigente. El bloque libertario había afirmado públicamente que trabajaba en un texto “superador” para sustituir la Emergencia en Discapacidad, pero el nuevo documento mostró ajustes profundos que podrían endurecer las condiciones de acceso a beneficios y alterar el marco de derechos existente, lo que encendió las negociaciones con sus aliados.
A lo largo del día, desde dentro del oficialismo surgieron explicaciones divergentes: algunos argumentaron que la maniobra formaba parte de una estrategia para torcer el rumbo hacia un texto acordado, pero otros reconocieron que no estaban enterados de las propuestas que venían desde la Casa Rosada. En ese marco, varias fuentes señalaron que ni el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ni otros referentes de la Mesa Política estaban al tanto de los contenidos, lo que alimentó las hipótesis sobre una descoordinación general entre áreas y actores.
Entre las modificaciones previstas en la iniciativa, se destacan medidas que la comunidad y los bloques opositores describen como un retroceso. En primer lugar, se propone reinstalar un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, fijando un monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y desplazando el enfoque basado en derechos que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, quedaría fuera del expediente el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa para acceder al beneficio, y la definición de requisitos se trasladaría desde el Congreso a la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.
Otra cuestión clave es la incompatibilidad total entre la pensión y el empleo formal: cualquier ingreso tributario o trabajo registrado, aunque sea por pocas horas, implicaría la desaparición del beneficio. Esto contrasta con el régimen actual, que admite compatibilizar la pensión con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos.
En cuanto a las prestaciones, el texto sugiere eliminar el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas. De implementarse tal como quedó planteado, cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualizaciones trimestrales a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, sin un mecanismo de actualización automática uniforme.
La falta de claridad y la sensación de que algunos de los cambios no fueron suficientemente discutidos han intensificado las dudas sobre las intenciones reales del presidente Milei y sobre si el Gobierno logrará un consenso con sus socios en el Congreso para avanzar con un texto que, para muchos, representa un giro significativo en la política de discapacidad.
