La tensión entre el Gobierno y los rectores ya no es solo política: también está atravesada por cálculos técnicos sobre cuánto dinero necesita el sistema universitario para operar en 2027. El Ejecutivo envió un proyecto de presupuesto por 7,3 billones de pesos, que la Cámara de Diputados ya comenzó a discutir, mientras que las casas de altos estudios advierten que esa cifra no garantiza el funcionamiento de las universidades el año próximo. Estiman que hacen falta aproximadamente 11 billones, monto que contemplaría la ejecución de lo previsto por la Ley de Financiamiento Universitario, refrendada por el Congreso tras haber sido vetada por el presidente Javier Milei.

Desde el lado oficial, sostienen que la estimación de recursos para 2027 que difundió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en una reunión de la que participaron diputados y senadores es injustificada. Alegan que ese cálculo incorporaría interpretaciones sobre aumentos salariales acordados con los sindicatos y la vigencia total de la ley, cuando la cautelar judicial sólo autorizó ajustes en becas y salarios. Además, señalan que con el incremento salarial del 3% de octubre el país ya estaría 1,15% por encima de lo establecido por el fallo.

La interpretación de la cautelar dictada en diciembre por el juez Martín Cormick, del fuero Contencioso Administrativo, es central en la discusión. El juez ordenó al Ejecutivo cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, pero las universidades señalan que el cumplimiento se está demorando porque abogados del Estado presentaron escritos que impiden el pago de los fondos correspondientes.

En conversación con Clarín, Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, afirmó que esperan que se vaya avanzando en la resolución de fondo del reclamo. Indicó que recientemente presentaron un pronto despacho, dado que la cautelar está vigente y, a su juicio, no se está avanzando en su cumplimiento. El planteo de fondo, que aún está a consideración del juez, es la demanda del CIN contra el decreto de Milei que aprobó la fundación de fondos pero suspendió su aplicación por falta de recursos y por no definirse la fuente de financiamiento.

Por otra parte, abogados de Capital Humano y la Procuración del Tesoro presentaron escritos asegurando que los montos que se están pagando forman parte de la vía para cumplir la ley. Se amparan en el acuerdo paritario de junio que autorizó un aumento del 21,3% (más un 3% adicional en octubre). Las universidades sostienen que esa cifra es sólo una parte y que, para llegar a la plena vigencia de la norma, aún corresponde una recomposición del 31,2%. Ante la insistencia del Gobierno, el juez Cormick ratificó, el 1 de septiembre, la vigencia de la cautelar al denegar la solicitud de levantamiento.

Bartolacci expresó su preocupación por la escasez de recursos. Advierte que, si el Congreso no aprueba modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027 o no se revisa y actualiza, habrá serias dificultades para empezar el dictado de clases el año que viene.

Desde el Ejecutivo reiteraron que las diferencias respondían a interpretaciones discrepantes sobre la vigencia de la ley y la cautelar, y señalaron que el resultado dependerá de la capacidad de aprobación de cambios en el presupuesto y de la claridad de las fuentes de financiamiento.