El Ejecutivo oficializó en el Boletín Oficial la dilación de la aplicación total de los impuestos a los combustibles, que afectan al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) que inciden en la nafta y el gasoil. Aunque la normativa establece actualizaciones trimestrales en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Gobierno continúa aplicando solo una parte y postergando el resto del traslado de esa actualización.
El saldo pendiente abarca las actualizaciones correspondientes a 2024 y 2025, así como los Dos primeros trimestres de 2026. En los fundamentos del decreto se sostiene la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.
Esta decisión implica un costo para las arcas públicas: en los primeros ocho meses de 2026, la no actualización plena de estos impuestos habría generado una pérdida de recaudación estimada en US$ 1.229 millones. Aun así, la incidencia del ICL y del impuesto al CO2 sobre el precio final en surtidor se mantiene por debajo de su nivel histórico.
El gobierno podría comenzar a revertir la política el año próximo. En el Proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso, se prevé que la recaudación por tributos sobre naftas y gasoil suba un 59% en un año, el mayor salto dentro de los ingresos tributarios.
La medida llega tras una nueva etapa de aumentos en los combustibles. Raízen (operadora de Shell), Axion y Puma incrementaron entre 2,5% y 5% sus precios, ante la suba internacional del petróleo provocada por el conflicto en Medio Oriente. YPF, que inicialmente no acompañó esos movimientos, comunicó más tarde un incremento promedio del 1% en nafta y gasoil. La compañía, dueña de más de la mitad del mercado argentino, aclaró que mantendrá su esquema de “buffer” para evitar trasladar de inmediato toda la volatilidad internacional a los precios locales.
