La Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados arrancó el tratamiento de una iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado. El texto propone aumentar los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel a 15% y 10% respectivamente, con el objetivo de ampliar la participación de estos biocombustibles en la matriz energética.
La discusión desató una disputa entre las pymes de la provincia de Buenos Aires y las grandes aceiteras: las primeras podrían perder protagonismo en el sector ante el incremento de la cuota obligatoria que favorece a otros actores. Expertos consultados por la prensa cuestionan que el aumento sea modesto y advierten que el impacto podría ser limitado.
El oficialismo pretende emitir dictamen hacia fines de octubre y, si todo sale según lo previsto, convocar a sesión a mediados de noviembre. Esa cronología es interpretada por algunos como un guiño hacia legisladores de Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Jujuy.
El proyecto deroga la Ley 27.640 y crea un nuevo marco regulatorio válido por 15 años. En esa línea, el Gobierno busca elevar los cortes obligatorios en los surtidores y, al mismo tiempo, liberalizar el mercado mediante un esquema de libre competencia y paridad de importación. En la práctica, si el precio libre de venta de los biocombustibles supera al precio de importación, se permitiría, de forma excepcional, la entrada de biocombustibles extranjeros.
En la Ley vigente, el precio está establecido por la Secretaría de Energía. El texto en discusión propone, en cambio, fijar un techo para ese precio, dejando abierta la posibilidad de mayor competencia y de importaciones condicionadas por la paridad con los valores internacionales.
La iniciativa busca consolidar un marco de 15 años y redefinir la dinámica entre productores locales, distribuidoras y importadores, con el objetivo de impulsar la expansión de los biocombustibles en el mercado interno, sin perder de vista los distintos intereses regionales y sectoriales.
