La represión que acompañó la quinta marcha federal universitaria dejó distintas caras de confrontación entre las fuerzas de seguridad y la comunidad educativa. Organismos de derechos humanos y mecanismos de prevención de tortura volvieron a señalar prácticas que, según esas fuentes, muestran una línea de acción similar a la denunciada en otras oportunidades. En ese marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó en sus redes sociales una frase que descalifica a los manifestantes, describiéndolos como “los mismos violentos de siempre”. Su lectura fue interpretada por distintos actores como una defensa de la actuación policial frente a quienes defendían la universidad pública.
En la cronología de la jornada, alrededor de las 15:30 del jueves comenzaron a caer chorros de agua desde camiones hidrantes sobre quienes participaban de la protesta. Quince minutos después, llegaron los gases lacrimógenos, cuyo estallido llegó incluso al Congreso y al anexo de la Cámara de Diputados. Poco después, los informativos consignaron el inicio de una atención médica a una mujer herida en la cabeza, presuntamente por un proyectil disparado desde un lanzagases. Este episodio rememoró, para muchos, la represión del 12 de marzo del año anterior, cuando un proyectil similar provocó una lesión craneal a un fotógrafo, Pablo Grillo.
La Policía Federal Argentina (PFA) —la fuerza que aporta la mayor cantidad de efectivos a estos operativos— continuó con la línea de acción descrita. En un registro visual, un agente aparece apuntando directamente al periodista Guido Piotrkowski, de Página/12, quien recibió dos impactos de bala de goma en el tórax. Laura Quispe, de TeleSISA, recibió nueve impactos de bala de goma y debió ser trasladada al Hospital Ramos Mejía. Otros reporteros y camarógrafos también sufrieron lesiones en pecho, brazos y piernas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mostró imágenes en las que se observa a efectivos de la PFA y de la Prefectura apuntando de frente a manifestantes, en varios casos apuntando a los ojos.
Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), 550 personas requirieron asistencia médica durante la jornada. Entre los detenidos hubo adolescentes, y a uno de ellos se le aplicaría el recientemente estrenado régimen penal juvenil. En respuesta a los hechos, Monteoliva presentó una denuncia penal ante la Justicia en Comodoro Py; la acusa de “conducta irregular” y sostiene que la operación se efectuó sin sustento claro, pero organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil cuestionaron la solidez de los fundamentos.
Paralelamente, CELS, junto a más de cuarenta organizaciones estudiantiles, sindicales y de derechos humanos, pidió la intervención de relatorías de la ONU y del Comité de los Derechos del Niño para evaluar la actuación de las fuerzas de seguridad y sus repercusiones en la comunidad educativa.
