El juez federal de San Nicolás, Alejandro López, dictó la absolución de Maximiliano Cabaleyro y Fernando José Espíndola, militantes del Sindicato de Camioneros, en una causa por turbación. En adelante, la defensa de los trabajadores anunció que solicitará la destitución de Ariel Rey, quien era el denunciante y hoy pasa a figurar como demandado. Rey es concejal por el bloque libertario (LLA) y forma parte de la empresa familiar; además, mantiene vínculo con Florencia Arietto, senadora que lo asesoró durante el proceso contra los sindicalistas.

El abogado de las defensas, Gabriel Ruíz, detalló los próximos pasos: apelación por tratarse de un fallo sin costas a cargo del perdedor, para que Rey asuma ese costo; después, una demanda civil por daños y perjuicios; y, por último, la destitución ante el Concejo Deliberante, al considerar que Rey cometió un delito. Según Ruíz, las pericias contables indicarán que Rey tenía a trabajadores registrados a media jornada, cuando en la realidad laboraban a jornada completa y, en ocasiones, realizaban horas extra. Este subregistro configuraría una doble evasión de aportes, tanto patronales como sindicales, y la normativa municipal permitiría destituciones por causas penales.

Además, Ruíz señaló que, si bien hubo otros cuatro denunciados, la acusación penal contra ellos habría sido utilizada para evitar el pago de indemnización y simular un despido con causa. A modo de respaldo, el abogado presentó en el expediente una Copia de la Resolución Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, fechada el 21 de mayo, que, con 10 votos a favor y 4 en contra, avaló que el derecho a huelga está protegido por el convenio 87 de la OIT, relativo a libertad sindical.

Por su parte, Rey, visiblemente irritado, anunció que iniciará acciones legales contra el magistrado, aunque no todos los actores jurídicos comparten esa posibilidad, dado que las sentencias no son materia de revisión judicial en ese marco. En redes se autodefine como “representante de los sampedrinos de bien”.

Para Ruíz, el fallo de López sienta jurisprudencia a favor del derecho a huelga y sostiene que no corresponde trasladar cuestiones laborales al fuero penal. Cabaleyro, por su parte, reiteró que las denuncias de bloqueo no fueron comprobadas y que toda la acusación sería una maniobra para deslegitimar la protesta de los trabajadores.

La absolución de Cabaleyro y Espíndola llega tras más de cuatro años de prisión preventiva,dos de ellos en la Unidad Penal 3 de San Nicolás y el resto bajo arresto domiciliario, en una causa iniciada en 2021 por supuestos bloqueos a la distribuidora Rey, vinculada a la disputa por la afiliación de los choferes a Camioneros durante la pandemia. La contienda se desató cuando los conductores pretendían afiliarse a la organización y la empresa habría intentado impedirlo por dist...