El gobierno chileno enfrenta una nueva discusión sobre el futuro de las pensiones después de sufrir caídas relevantes en los fondos más conservadores del sistema de capitalización individual. Desde La Moneda, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmó que el Ejecutivo está atento a la situación y recomendó evitar decisiones aceleradas, proponiendo postergar posibles medidas por unos meses en la medida de lo posible.

La Superintendencia de Pensiones informó este martes la apertura de una investigación dirigida a las siete administradoras de fondos de pensiones (AFP) para determinar si habrían incumplido o no el deber de lealtad y diligencia contemplado en la normativa vigente.

A mediados de octubre se dio a conocer que el fondo E, considerado el más conservador del sistema, acumuló una caída real del 10,4% entre enero y septiembre. Los analistas apuntan a una estrategia errada por parte de las AFP respecto a la evolución de la tasa de interés en Estados Unidos, lo que habría provocado pérdidas cercanas a los 7.700 millones de dólares.

Se estima que el rendimiento negativo afectó a más de 770.000 afiliados al sistema, de los cuales aproximadamente un 10% supera los 60 años. Rau señaló la necesidad de esclarecer el alcance de la investigación y la posible imposición de sanciones o restitución patrimonial, destacando que la prudencia es una buena guía frente a decisiones inminentes.

El sistema previsional chileno, instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue pionero en la región por adoptar la capitalización individual y por abandonar el modelo de reparto. Las AFP invierten los fondos, obtenidos mediante la cotización obligatoria del 10% de los salarios de los trabajadores formales, en mercados financieros nacionales e internacionales con el objetivo de obtener rentabilidad.

A lo largo de las últimas décadas el sistema ha experimentado cambios, pero nunca una revisión de fondo. Eso mantiene en la agenda a sectores de la izquierda y al movimiento “No Más AFP”, que ha cuestionado el modelo y, en 2017, movilizó a casi un millón de personas en un plebiscito informal para pedir reformas.