El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, pidió al Poder Ejecutivo que haga cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en dos etapas, una de las cuales incluyó la reversión de un veto presidencial con una mayoría calificada. En el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, también señaló que existen sentencias judiciales firmes que el Ejecutivo aún no cumple.
“Lo único que tiene que hacer el Gobierno es acatar una ley ya votada por el Congreso”, afirmó Yacobitti en diálogo con Radio Continental. Añadió que, en la instancia de apelación, lo único que podría ocurrir es una multa y no las medidas cautelares que obligan al pago de salarios y becas. “La multa no nos interesa; lo que queremos es que el presidente cumpla la ley en su totalidad y que docentes y estudiantes reciban los salarios y las becas correspondientes”, enfatizó.
El reclamo central tiene dos pilares: cubrir los sueldos de docentes y trabajadores de las universidades y garantizar el monto de las becas Progresar. Por el incumplimiento de la norma, el valor de las becas quedó en 35.000 pesos mensuales por alumno, según explicó Yacobitti, quien añadió que con esa cifra “no alcanza ni para cubrir la mitad del mes” con los viáticos, y recordó que las becas perdieron alrededor del 80% de su poder adquisitivo en los últimos tres años.
En la conversación, Yacobitti respondió además a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien sostuvo que “nadie está por encima de la ley”. El vicerrector replicó que, si nadie lo está, “el primero que no está por encima de la ley es el presidente”.
El dirigente universitario dividió la jornada en dos actos: una movilización pacífica y masiva, que se replicó en distintas ciudades del país, y episodios de violencia que empañaron la marcha hacia el cierre. Aseguró que la manifestación fue “muy genuina” y representativa de una demanda social por la calidad del sistema universitario.
Sin embargo, durante el acto central frente al Palacio Legislativo, la presencia de gas lacrimógeno hizo que el equipo de la Federación Universitaria Argentina (FUA) abandonara el escenario. A pocos metros, un grupo encapuchado destrozó mobiliario y arrojó piedras contra el vallado del Congreso. Las fuerzas de seguridad respondieron con camiones hidrantes, balas de goma y gases, dejando un saldo de al menos ocho agentes heridos y 31 detenidos, entre ellos un menor de 14 años.
Yacobitti cuestionó la actuación policial y pidió que las fuerzas se concentren en identificar a los responsables de los disturbios, separando estos hechos de el reclamo académico y social que impulsó la movilización.
