La discusión sobre la reforma de la Ley de Salud Mental llega al Senado con un eje central que afecta a guardias, familias y sistemas de salud de todo el país. La iniciativa propone revisar el criterio para las internaciones involuntarias y plantea un marco en el que se considere un riesgo grave para la persona y para terceros, en lugar del requerimiento vigente de un peligro “claro e inmediato”.

La propuesta pretende modificar el régimen que está vigente desde 2010. Antonela Giampieri, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires (Fuerza del Cambio), señaló en Infobae Al Mediodía que aquella norma representó un avance histórico en su momento, pero que, tras 16 años de aplicación, el sistema necesita ajustes ante realidades cada vez más complejas.

Entre los ejes del texto figuran cambios en las internaciones involuntarias, la integración de los equipos clínicos, la continuidad de hospitales especializados y la coordinación de recursos entre la Nación y las provincias. Giampieri sostuvo que el objetivo no es abandonar un marco de derechos, sino evitar que alguien llegue a una situación de crisis sin haber recibido ayuda previa: la idea es que el sistema intervenga antes de que la crisis explote.

Actualmente, la ley establece que una internación sin consentimiento se aplica cuando existe un riesgo claro para la persona o para terceros. La reforma propone reemplazar ese criterio por uno centrado en un riesgo grave para la persona y para terceros, ampliando así los elementos que deben considerar los equipos de salud antes de decidir una internación. En ese sentido, la diputada señaló que la valoración no debería limitarse al momento de la consulta o de la guardia, sino que debe contemplar antecedentes clínicos, brotes previos, consumos problemáticos y otros episodios registrados a lo largo de la historia de la persona.

Bajo esta visión, una crisis no sería un hecho aislado, sino el resultado de un proceso que debe leerse en su conjunto, incorporando antecedentes de brotes, consumo problemático y episodios previos al evaluar el riesgo y definir una posible intervención.

La iniciativa no plantea la internación como una solución automática o única. Busca, en cambio, que el sistema pueda actuar con anticipación para evitar llegar a un punto límite, ya que la exigencia de un riesgo claro e inmediato podría hacer que la persona llegue al sistema con la crisis ya desatada.

Otro eje de la iniciativa es la conformación del equipo que interviene cuando se evalúa una internación. El proyecto propone que la decisión requiera dos firmas, y que al menos una de ellas sea de un médico o psiquiatra. “Uno de los firmantes debe ser el médico”, explicó la diputada, destacando este aspecto como un cambio significativo para asegurar la participación profesional adecuada en el proceso.