El juez federal Ariel Lijo dictó un nuevo procesamiento contra Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa relacionada con presuntos faltantes de integridad dentro del organismo.
La pesquisa se centra en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos mediante el Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y a pacientes con enfermedades graves que carecen de cobertura médica específica.
Se indaga si funcionarios y empresarios habrían acordado direccionar contrataciones públicas para beneficiar a ciertas proveedores a cambio de retornos económicos, con posibles beneficios para firmas vinculadas al rubro.
Según lo informado por Clarín sobre la resolución, este tramo de la causa abarca operaciones que, de ser ciertas, representarían un gasto de 75,5 millones de pesos y afecta a otros exfuncionarios y empresarios vinculados con las empresas oferentes.
El expediente analiza posibles irregularidades en la compra de prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos, sillas de ruedas motorizadas y otros dispositivos médicos destinados a beneficiarios del Programa Incluir Salud. También señala diferencias entre los precios pagados y los valores de referencia.
Las estimaciones contenidas en el expediente superan los 7.800 millones de pesos al sumar las comparaciones de costos de insumos médicos y medicamentos.
La investigación está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, quien reconstruyó una segunda ruta de posibles pagos ilegales. Las maniobras investigadas habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Además de Spagnuolo, el juez avanzó en la imputación de otros exfuncionarios y empresarios, entre ellos Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvette y Ornella Calvette, junto a distintos representantes de firmas proveedoras de insumos médicos.
Según la resolución, 19 personas fueron procesadas sin prisión preventiva, mientras que se amplió el procesamiento de otras cinco que ya estaban alcanzadas por la causa. Paralelamente, se dictó falta de mérito para 11 personas y se ordenó profundizar la investigación sobre la posible participación de esas mismas personas.
Las autoridades analizan posibles hechos delictivos como asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y, en algunos casos, lavado de activos agravado. La calificación legal y la responsabilidad de cada involucrado se definirán durante el proceso.
