La causa que investiga la compra de una mansión en Pilar, vinculada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, llegó a la Corte Suprema. El balance llegó de la mano del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, quien presentó un recurso de queja para que el máximo tribunal revise por qué el expediente quedó bajo la órbita de la Justicia federal de Campana.

Villar recurrió tras la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró inadmisible su recurso extraordinario. Con ese paso, busca que se revoque el fallo que asignó la causa al juzgado federal de Campana y que intervenga la Justicia competente tanto por la materia como por el territorio.

El planteo se apoya en la garantía del juez natural. Según el fiscal, la resolución de Casación no consideró que la investigación no se limita a la propiedad de Pilar, sino que abarca posibles maniobras económicas vinculadas a la AFA y un presunto delito precedente de administración fraudulenta contra la asociación. Dado que la sede de la AFA está en la Ciudad de Buenos Aires, sostiene que la causa debe tramitar en ese distrito.

“Se otorgó competencia a un tribunal que no es el juez natural de la causa”, afirmó Villar en el escrito. Además cuestionó que Casación haya considerado que el lavado de activos corresponde a la Justicia federal sin analizar la competencia territorial ni la hipótesis completa de la investigación.

El inicio del expediente se remonta a una denuncia contra Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, señalados como posibles testaferros de Toviggino. Según la denuncia, ambos habrían adquirido, a través de la firma Real Central SRL, un inmueble en Villa Rosa, partido de Pilar, sin demostrar capacidad económica suficiente para la operación, lo que se vincula con la posible comisión de lavado de activos.

La defensa de Pantano y Conte pidió la intervención del juzgado federal de Campana, ya que la propiedad se ubica dentro de esa jurisdicción. En cambio, el fiscal sostiene que el eje del caso excede la ubicación del inmueble y debe analizarse junto con las presuntas maniobras vinculadas a la conducción de la AFA.

En su recurso, Villar señaló la existencia de otros expedientes relacionados con la asociación y sus dirigentes, algunos de los cuales mantienen disputas de competencia pendientes. Según argumentó, concentrar causas de interés público en un juzgado percibido como incompetente podría derivar en un fenómeno de “forum shopping” (elección de tribunal más conveniente).

El fiscal planteó que la intervención de la Corte podría servir para corregir la distribución de competencia y evitar inconsistencias en la tramitación de la investigación.