El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) una solicitud de medidas cautelares para que Reino Unido suspenda de inmediato todas las operaciones de extracción de hidrocarburos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, territorio que Londres considera parte de su Territorio de Ultramar.
La decisión del ITLOS, sea a favor o en contra de Argentina, tendrá resonancia en un año electoral. Las audiencias para el caso están previstas para iniciar en noviembre y la Argentina busca que se traben medidas provisionales cuanto antes, sin esperar un fallo de fondo.
Si la Argentina logra impedir que Navitas Petroleum (integra una firma israelí) y Rockhopper Exploration comiencen a comercializar petróleo frente a la costa de Malvinas, a unos 220 kilómetros de la capital Stanley, para 2027/2028, muchos ven en ello un golpe de alto impacto para el desarrollo de la actividad petrolera en el archipiélago. Un analista en derecho internacional, que pidió conservar su identidad, afirmó que, si se concreta, la jugada sería monumental; aunque advirtió que no hay garantías de éxito y que la decisión podría tardar.
Diversos juristas consultados por consultoras especializadas señalan que, a la luz de la doctrina vigente, el ITLOS no es el foro adecuado para dirimir la soberanía de la región, una cuestión que históricamente ha quedado fuera de su mandato y podría requerir otras instancias multilaterales. Sin embargo, el Gobierno argentino decidió avanzar con este procedimiento para intentar frenar el denominado proyecto Sea Lion y, de paso, competir por frenar la explotación hasta que se resuelva la disputa de soberanía por otros caminos.
Entre tanto, la discusión sobre Malvinas continúa impulsando un debate más amplio: hay quienes dentro del país sostienen rutas internacionales —como la Corte Internacional de Justicia o la Asamblea General de la ONU—, pero el Gobierno actual priorizó este mecanismo ante el ITLOS, en sintonía con declaraciones atribuidas a figuras internacionales que habían mostrado aperturas similares en ciertos momentos.
Si bien la estrategia no garantiza un reconocimiento inmediato de la soberanía, plantea un reclamo internacional con la esperanza de limitar, al menos en lo inmediato, la actividad explotadora en la frontera marítima disputada. En paralelo, sigue vigente la postura británica, que rechaza las pretensiones argentinas y sostiene su control sobre las islas. La deriva del caso podría marcar, para distintas partes, un nuevo capítulo en la disputa que acompaña desde hace décadas la región.
