Tras la quinta Marcha Federal Universitaria desde 2024, el Ejecutivo reiteró que no cederá en el financiamiento de las instituciones y descartó abrir una mesa de negociación por los recursos. En paralelo, las universidades advertían que, sin respuestas claras, el próximo ciclo lectivo podría quedar en jaque.
El amplio movimiento, integrado por estudiantes, docentes, no docentes, autoridades universitarias y aliados de organizaciones sociales, políticas y sindicales, se desplegó en diversos puntos del país con el eje puesto en el financiamiento y la discusión del Presupuesto 2027. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la movilización habría reunido cerca de un millón de personas, aunque el cierre de la jornada estuvo marcado por disturbios frente al Congreso entre manifestantes encapuchados y fuerzas de seguridad, dejando más de 30 detenciones y una denuncia del Ministerio de Seguridad.
La Casa Rosada señaló que la protesta “claramente se transformó en una marcha política” y enfatizó la presencia de actores del kirchnerismo, la izquierda y el sindicalismo más duro, sostenido en que, desde lo universitario, hubo menos virulencia. En ese marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió imágenes de los incidentes y respondió con ironía: “Así los universitarios reclaman sus derechos... como cualquier marcha política que puede encumbrarse detrás de un reclamo legítimo para generar conflicto”.
Fuentes oficiales subrayaron que la movilización no modificó la agenda de negociaciones y sostuvieron que no hubo diálogos formales: “no recibimos a nadie” para tratar el tema. Además, cuestionaron la representatividad del CIN, al que hoy encabeza Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, y señalaron que la presencia de rectores en las tribunas fue limitada.
La estrategia del Gobierno es avanzar con las gestiones de manera individual con cada universidad, priorizando un trato “uno por uno” y descartando una mesa de negociación extensa. Como ejemplo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, acompañada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, recibió este miércoles a las nuevas autoridades de la Universidad de Tucumán.
En lo referido al Presupuesto 2027, el Ejecutivo sostiene que cualquier negociación debe hacerse a través de la Cámara de Diputados, donde se está discutiendo el proyecto. El plan asigna aproximadamente 7,3 billones de pesos a las universidades, frente a otros criterios que generan tensión con el CIN y las propias casas de estudio. Las universidades advierten que, sin respuestas claras, podría afectar la planificación pedagógica del próximo año.
