Un rumor corre entre los pasillos de los tribunales de Comodoro Py: la llegada del sistema acusatorio podría hacer que los jueces de primera instancia y los Tribunales Orales Federales desempeñen, en la práctica, ambas funciones, convirtiéndose en una especie de bolsa única de magistrados para intervenir en todas las causas.
La inquietud dejó de ser solo especulación para los 21 magistrados de los ocho tribunales orales federales, que expresaron su posición en una nota que remitieron al gobierno nacional y a la Corte Suprema de Justicia, entre otros organismos. En el documento advierten que esa modificación “desnaturalizaría nuestra función como jueces de juicio” y piden que no se aplique. En caso de que se avance, solicitan ser convocados a la discusión para aportar su posición.
El sistema acusatorio cambia la forma de investigar: las pesquisas quedan en manos de los fiscales, y los jueces intervienen principalmente para resolver los planteos que les presentan las partes. Se fijan plazos para definir las causas y se promueve que las disputas se resuelvan antes de los juicios orales, con la mira de que, cuando se lleguen a ese estadio, estén involucradas mayormente cuestiones de crimen organizado, corrupción o narcotráfico.
A nivel federal, el sistema ya rige en casi todo el país; quedan pendientes cuatro jurisdicciones: Paraná (prevista para el mes que viene), Córdoba (en marzo), la ciudad de Buenos Aires —Comodoro Py y el fuero Penal Económico— (en febrero), y San Martín, sin fecha definida.
La implementación en Comodoro Py estaba prevista para agosto del año pasado, pero se postergó en tres oportunidades por resistencias internas y falta de recursos. La nueva fecha señalada fue el 15 de febrero del año pasado; no obstante, persisten dudas y podría haber una nueva suspensión.
El proyecto contempla la creación de tres colegios de jueces: uno de magistrados de garantías (los actuales de primera instancia) para iniciar las causas; otro, en la Cámara Federal, para revisar las investigaciones; y un tercero, integrado por los jueces de los tribunales orales, para realizar los juicios.
En los últimos tiempos circuló la versión de una reforma que podría unificar las funciones de los jueces de garantías y de juicio en un único colegio, de modo tal que cualquiera de ellos pudiera atender causas de primera instancia o llevar adelante juicios orales, sin respetar la división vigente. Ya habría ocurrido algo similar en Mendoza y en Rosario: ante vacantes en garantías, magistrados de tribunales orales ocuparon esos puestos de manera voluntaria, sin una resolución que los obligara.
Ante ese escenario, los 21 jueces envían la nota a Horacio Rosatti (presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura), a Juan Mahiques (ministro de Justicia) y a la Cámara Federal de Casación Penal, dejando en claro su preocupación por posibles proyectos de unificación de funciones entre jueces de garantías y de juicio.
