Buenos Aires, 20 de octubre (NA) – El juez federal Julián Ercolini dictó la prisión preventiva para cuatro internos alojados en cárceles de la provincia de Jujuy, a quienes imputó ser parte de una organización ilícita dedicada a estafas y extorsiones, recurriendo a la simulación de la identidad del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Los procesados son Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos. El magistrado los considera, a primera vista, coautores de una asociación ilícita en concurso real con los delitos de estafa, extorsión y usurpación de autoridad.
La resolución ubica a la supuesto grupo desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025, operando desde el Establecimiento Penitenciario N° 7 del Servicio Penitenciario de Jujuy, en San Salvador de Jujuy.
La investigación describe una maniobra que empleaba múltiples líneas de comunicación y medios de pago: teléfonos, tarjetas SIM, billeteras digitales y cuentas vinculadas a alias de pago para obtener datos de personas detenidas y de sus familiares.
En el núcleo del fraude, los imputados habrían adoptado la identidad de Rosatti, usando su nombre, imágenes y cargo, además de perfiles de WhatsApp con fotos del titular de la Corte y del edificio de Tribunales, para hacerse pasar por la autoridad judicial. Con esa identidad falsa, contactaban a dependencias policiales, penitenciarias y de seguridad con el objetivo de pedir listados y datos de personas privadas de la libertad.
Con la información obtenida, la banda luego se dirigía a familiares o allegados para exigirles dinero a cambio de promesas de libertad, de una fianza, de una caución o de gestiones judiciales a su favor.
El expediente también señala un segundo modo de operación: en algunos casos, la banda simulaba representar a empresas privadas para anunciar presuntos premios —dinero, vehículos o electrodomésticos— y solicitaba transferencias por supuestos “gastos de trámite”.
La causa se inició el 25 de noviembre de 2024, tras un llamado al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal por parte de quien afirmó ser “el doctor Horacio Rosatti, Jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y solicitó datos de detenidos y de sus familiares, bajo el pretexto de un relevamiento vinculado a derechos humanos. El contacto fue localizado en la zona de la cárcel jujeña y la pesquisa avanzó con intervenciones telefónicas, cruce de líneas, informes de operadoras y allanamientos dentro del penal.
Durante los allanamientos de diciembre de 2024 se incautaron teléfonos, tarjetas SIM, biblias y libros con anotaciones de alias, números de teléfono, CBU y destinos vinculados a las maniobras. También aparecieron comunicaciones en las que se mencionaba a víctimas, transferencias y movimientos de dinero.
La resolución sostiene que los hechos descritos configuran, en conjunto, una asociación ilícita con modalidades de estafa, extorsión y usurpación de autoridad.
