El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó ante el juez Ariel Lijo un dictamen en el que reclama a la Auditoría General de la Nación (AGN) y al Banco Central información detallada sobre las normas, los funcionarios y los controles que intervinieron en las operaciones con derivados cuyo subyacente fue el oro. El objetivo de la investigación es reconstruir las operaciones, identificar a los responsables y determinar si las decisiones tomadas se ajustaron a la normativa vigente y si existió un perjuicio para el Estado.
La pesquisa se originó a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y miembro del directorio de la entidad, Juan Ernesto Curutchet.
La causa se centra en las operaciones financieras del BCRA con derivados vinculados al oro, que, según el informe de auditoría de 2025 aprobado por la AGN mediante la Resolución 205/2026, habrían arrojado una pérdida de $1.469.155 millones, equivalentes a u$s 1.023 millones, con egresos de divisas. Este resultado se desagrega en $1.400.793 millones (aprox. u$s 960,2 millones) bajo la categoría “Resultado negativo por opciones” y otros $68.362 millones (aprox. u$s 62,8 millones) por primas de opciones.
El mismo escrito de auditoría indica, además, que en el ejercicio la tenencia de oro del BCRA cerró con una ganancia de $8.002.500 millones por diferencias de cotización. La coexistencia de pérdidas por derivados y ese incremento en el valor del oro es uno de los ejes de la controversia entre la lectura denunciante y la versión oficial sobre las operaciones.
Dalbón sostiene que la estrategia podría haber limitado la subida del metal. Según la denuncia, el oro habría subido aproximadamente un 65% durante 2025, y las operaciones habrían reducido el rendimiento económico que se podría haber obtenido por la revalorización de las reservas. Entre las hipótesis planteadas, figura la posibilidad de haber implementado una estructura tipo collar, que combina la compra de una opción para asegurar un piso y la venta de otra para fijar un techo de precio. La fiscalía busca determinar si esa estrategia se ejecutó conforme a la normativa y qué funcionarios intervinieron en su implementación.
