En una nueva sesión de la Comisión de Presupuesto, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y la subsecretaria de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, presentaron la defensa del proyecto para 2027, en medio de la quinta movilización universitaria ligada a la demora en la implementación de la normativa y a un día de cumplirse un año de su promulgación.
La escena fue tensa desde el inicio: la sala del anexo de la Cámara de Diputados lució con mayor presencia policial y varios estudiantes quedaron afuera intentando ingresar. Los funcionarios, por su parte, reclamaron a la dirigencia universitaria un “acuerdo corporativo y de casta”.
Torrendell abrió su exposición priorizando el tema de educación básica y secundaria, para luego hacerse cargo del sistema universitario. Señaló que hubo gasto, pero que no se tradució en mejoras del aprendizaje y afirmó que el gobierno reconfiguró paradigmas educativos.
Tras esa introducción, el secretario repasó un documento sobre políticas para las universidades y la distribución de fondos, enfatizando la necesidad de datos transparentes y de un manejo claro de los recursos.
Entre los datos citados, Torrendell contrastó rendimientos: en las universidades públicas, 18,7% de los inscriptos concluyen la carrera, frente a un 40% en las privadas. Aseguró también que el costo por egresado en la educación pública asciende a 14.800 dólares. Sobre la estructura universitaria, subrayó que de las 62 universidades nacionales, 23 fueron creadas en los últimos 20 años, y señaló que en dos décadas se dio la misma cantidad de nuevas casas de estudio que en dos siglos.
Con ese tramo, afirmó que la autonomía universitaria no está en cuestión, pero insistió en que la dirigencia debe comprometerse con cambios de fondo que beneficien a los alumnos y no a la cúpula institucional, definiendo la situación como un “acuerdo corporativo, de casta”.
La intervención de Torrendell recibió aplausos del bloque oficialista, que valoró avances en educación básica y criticó, a su juicio, la desconexión de la dirigencia universitaria respecto de los estudiantes.
En la primera tanda de preguntas, la oposición cuestionó el manejo de datos y la ejecución de los fondos, mientras que desde el bloque LLA surgieron contestaciones en defensa de la propuesta.
Entre las intervenciones críticas, se planteó la duda de si un presupuesto que, en teoría, supera la inflación proyectada para 2027, compensa lo que el presupuesto de 2026 recortó en casi un 25%. La coalición advirtió que, pese a la apariencia nominal de sobrecumplimiento, el impacto inflacionario y los recortes anteriores siguen sin resolverse, dejando en evidencia las tensiones en torno al diseño y uso de los recursos educativos.
