En una jornada tensa para la vida democrática, el gobierno consiguió neutralizar la sesión opositora convocada para rechazar el DNU 70/2023 y al mismo tiempo supo contener la quinta Marcha Federal Universitaria. El desenlace estuvo condicionado por la ausencia coordinada de legisladores de varios gobernadores aliados, lo que facilitó que el temario de esa sesión quedara sin quorum suficiente.
Los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, Chubut, Neuquén y San Juan no enviaron a sus representantes al Congreso, con lo que se redujeron las posibilidades de que prosperara la oposición. En tanto, Jalil, gobernador de Catamarca, sostuvo que sus diputados ya no integran el bloque que habitualmente responde al gobierno, y eso aportó a la gobernabilidad del momento. Desde temprano, la Casa Rosada ejerció presión: anunció inversiones para modernizar el sistema ferroviario de Salta y difundió una imagen de un encuentro entre Santilli y el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. La combinación de mensajes y gestos buscó debilitar la iniciativa opositora.
En la práctica, la tarde dejó una escena sin mayorías claras: la cantidad de diputados presentes fue de 121 a las 14:30, con ocho legisladores faltantes. Martín Menem declaró la sesión como “fracasada” por parte de la oposición y dio vía libre a las intervenciones de minoría. En paralelo, detrás de los pasillos, simpatizantes libertarios registraron los hechos con imágenes que luego circularon, generando una narrativa de control sobre el debate.
Simultáneamente, la justicia dio su tercera sorpresa del día. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió temporalmente las multas que el Gobierno enfrentaba por incumplimientos en el financiamiento universitario, respuesta judicial a reclamos estudiantiles que se manifestaron frente al Congreso bajo la lluvia. Un grupo de encapuchados con herramientas para dañar bancos y baldosas provocó incidentes que intensificaron la represión, dejando a estudiantes, personas con deudas y personas con discapacidad con golpes y gases, sin respuestas claras.
La estrategia judicial y política mostró un hilo conductor: la Corte se reunió de manera extraordinaria el viernes anterior para cerrar una ventana de diez días que, en su fallo sobre la Ley de Tierras, abrió la posibilidad de cambios en la extranjerización del territorio. Este marco, a ojos del oficialismo, apuntaló la idea de desarticular la sesión y avanzar con un estatuto que permitiera retocar el temario. En ese contexto, Menem prometió a los aliados avanzar en la cuestión de tierras mediante un proyecto que fortalece la Inviolabilidad de la propiedad privada y llamó a sesionar el 21 de octubre con parte del temario opositor, que incluía la nueva ley de discapacidad y morosidad, junto con iniciativas de aliados del PRO y la UCR para contrarrestar la ofensiva opositora.
La Casa Rosada intensificó su tarea de presión y negociación con los bloques aliados, en busca de acuerdos macro que sostengan su agenda frente a un Congreso cada vez más complejo.
